Oviedo, M. S. MARQUÉS

La noticia del hallazgo de más de veinte mil piezas arqueológicas abandonadas en un zulo del museo de la Campa Torres y procedentes de las excavaciones realizadas en ese castro durante varias campañas ha causado sorpresa e indignación en ámbitos científicos y políticos. Las valoraciones, que en su mayoría han hecho hincapié en la responsabilidad de los propios directores de la excavación y de las administraciones vinculadas a las mismas, subrayan la gravedad de unos hechos que consideran merecedores de alguna sanción.

Para el arqueólogo Jorge Camino lo ocurrido permite hablar de «ocultación de patrimonio público» y de «incumplimiento de las obligaciones profesionales». Como responsable de diferentes campañas de excavación, Camino sabe que contextualizar el material es fundamental «porque ahí está todo el valor, es lo que va a indicar la edad del material y el contexto histórico al que pertenece». También considera procedente realizar un inventario con los datos de identificación de la pieza y su contexto, y someterla a limpieza y restauración. «Todo lo que no sea seguir estas pautas, que por otro lado son las que exige la legislación, va a restar fiabilidad a la excavación. Sin datos de procedencia se pierde el valor histórico contextual».

De este razonamiento se desprende que lo sucedido en la Campa Torres «va a impedir que tengamos conocimiento pormenorizado de la evolución del poblado vigente en la zona durante más de ocho siglos». Los expertos saben bien que la tipología de las piezas por si misma no es suficiente para identificar su historia ya que en muchas ocasiones siguen el mismo modelo varios siglos lo que dificulta poder realizar una datación concreta. Tras lo sucedido tampoco será posible conocer el área de distribución al que estaban asociadas, es decir, el lugar en el que aparecieron, bien sea una de las cabañas, una calle u otro lugar. Según el arqueólogo la pérdida es considerable. «Un depósito de materiales que no esté bien referenciado hace que el yacimiento pierda parte de su significado histórico y cronológico».

Tras calificar de grave lo ocurrido, sostiene que la Administración no puede desentenderse de este tema y debe averiguar que pasó. «Es su competencia saber por qué se llegó a esta situación». También mantiene que Cuesta es responsable como director de la excavación y «no puede trasladar esa responsabilidad a nadie».

Siguiendo la legalidad vigente, lo mismo opina Carmen Fernández Ochoa, actual directora de las excavaciones de Gijón, que entiende que la responsabilidad de los materiales arqueológicos es del director mientras los tenga en depósito para su estudio. Del hallazgo desconoce los detalles y el elenco de materiales «por lo tanto no sé hasta donde puede llegar el perjuicio ocasionado al patrimonio». Catedrática de Prehistoria de la Universidad Autónoma, Fernández Ochoa, que dice no tener relación alguna con la Campa Torres, subraya que situaciones como ésta tienen mucho que ver con el acopio de materiales que hacen los investigadores para su estudio, una tarea para la que carecen del apoyo y que muchas veces acaba como lo visto ahora.

Añade que tras el fallecimiento de José Luis Maya se desconoce en que situación quedaron esos bienes. «De cara a una posible continuidad debería estar todo registrado», afirma. Aunque en esta ocasión Fernández Ochoa no ha querido cargar las tintas sobre lo sucedido, con anterioridad cuestionó la labor de Maya y Cuesta en la Campa Torres en un artículo sobre los castros y el inicio de la romanización en Asturias en el que hablaba de dudas sobre el procedimiento empleado en la excavación.

No fue la única en poner en duda la forma de llevar el desarrollo de la excavación, otros como Almudena Orejas, Javier Sánchez-Palencia, Alfredo González-Ruibal, Elías Carrocera, María Dolores Fernández-Posse o el mismo Jorge Camino también fueron críticos con los resultados presentados. El mayor desacuerdo estuvo en la datación de la muralla de módulo, que llevó a los expertos a referirse en varias publicaciones a «los más que dudosos datos de la Campa Torres».

Sobre el reciente hallazgo de las piezas en el búnker de la Campa opina también el catedrático de prehistoria de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel de Blas, que lo considera un «hecho extraño e infrecuente» y se confiesa muy sorprendido por la noticia. «No me podía imaginar que hubiera un cúmulo de testimonios arqueológicos aparcados en un lugar del que no se tenía constancia».

Al profesor, la sensación que producen los hechos es de «dejadez», de «olvido». Tampoco entiende la respuesta de Francisco Cuesta «afirmando no saber nada», lo que le parece tan extravagante como la propia historia. «Esto no es respuesta para un hecho tan grave, aumenta el desconcierto y el aire extraño de la noticia. Es un caso claro de abandono que legalmente debería tener una sanción». Para De Blas, que dirigió durante muchas campañas las excavaciones del Monte Areo, en Carreño, la destrucción de datos por falta de catalogación de los objetos supone la pérdida de un montón de materiales que se quedan sin valor científico.

«La respuesta de Cuesta no es la apropiada para un hecho tan grave»

Miguel Ángel de Blas

Catedrático de Prehistoria

«Es competencia de la Administración saber por qué se llegó a esta situación»

Jorge Camino

Arqueólogo

«La responsabilidad de los materiales es del director de la excavación»

Carmen Fernández Ochoa

Catedrática de Prehistoria