Oviedo, E. G.

La evaluación docente se centra en tres grandes apartados: formación, dedicación al centro y participación.

En el apartado 1, el de la formación, se pide «haber realizado seis o más créditos de formación a lo largo de su vida laboral». Es una exigencia al alcance del 90% de los docentes en Asturias. El sistema de sexenios, uno de los complementos retributivos que funcionan en el sector, obliga a la acreditación de diversas horas de formación.

El apartado 3, participación en la consecución de objetivos colectivos del centro establecidos en la Programación General de Aula (PGA), es tan abierto que la mayoría de los docentes podrá superarlo. Lo que textualmente se le pregunta al docente es si «ha participado» en esos objetivos. No se pregunta en cuántos de los objetivos ni siquiera con qué resultados.

Esos objetivos generales son marcados por la Consejería de Educación al principio de cada curso. Cada centro los acomoda a su realidad educativa y social, y al final del curso emite una memoria. Cuando el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre habló el pasado año de lograr que los centros tuvieran contacto con al menos el 70% de los padres de alumnos, ése era un objetivo general (por cierto, fuertemente contestado por la comunidad educativa).

Ayer fue día de reacciones al acuerdo del reglamento de evaluación. Uno de los sindicatos críticos, SUATEA, el mayoritario en el sector, recordaba que «la Ley de Evaluación y sus Incentivos sigue estando en entredicho, por mucho triunfalismo que manifieste el Gobierno y quienes colaboran con él». SUATEA basa sus afirmaciones en el hecho de la declaración judicial de nulidad de las resoluciones en las que se sustenta dicha ley.

La petición de ejecución de sentencia de la citada nulidad, presentada por SUATEA días atrás, fue calificada ayer por el secretario general de FETE-UGT en Asturias, Daniel Rodríguez, de «históricamente impresentable». «A estos sindicatos que se oponen a todo yo les pediría que arrimen el hombro y que se dejen de argucias», añadió. Para Rodríguez, «lo que la gente quiere es tranquilidad, que se le reconozca su trabajo en los centros educativos, y que se les pague».

El reglamento de evaluación aprobado en Asturias es el primero de España. Otras comunidades como La Rioja o Galicia trabajan en proyectos parecidos. Ahora tendrán un modelo -para bien o para mal- en el que basarse.