La Junta General del Principado ha rechazado hoy, por la oposición del PSOE e IU, una iniciativa popular en la que se pedía que se reconociese expresamente el carácter de autoridad para los maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones docentes.
La iniciativa fue defendida por el popular Emilio Pérez Cueva, para quien es indispensable contar con un profesorado con "autoridad y reconocido socialmente" para lograr un sistema educativo de calidad en el que prime el respeto, la convivencia y los principios constitucionales.
"Pretendiendo huir del autoritarismo hemos acabado en una confusión en la que todo vale y hoy nos encontramos con una situación en la que es muy difícil educar y enseñar", ha subrayado el parlamentario popular, que ha asegurado que las agresiones de alumnos a profesores o los casos de violencia son cada día más frecuentes.
Ha añadido que los profesores españoles pierden más del 30 por ciento del tiempo de clase en poner orden y en cuestiones administrativas y que, junto a los italianos, son los que se sienten menos reconocidos por su trabajo de toda Europa.
Para Pérez Cueva, la mayoría del profesorado está a favor de la puesta en marcha de este reconocimiento de su autoridad para que cuenten con los medios necesarios para que puedan cumplir con la misión que tienen encomendada y para que los alumnos puedan sacar provecho de sus enseñanzas.
"Hay una clara demanda social en el conjunto de la sociedad y en el ámbito del profesorado, sobre todo", ha subrayado Pérez Cueva, que ha afirmado que hay que garantizar el derecho a aprender de los más de cien mil alumnos asturianos que, en algunos casos, por esa falta de autoridad ven interrumpidas las clases y su aprendizaje.
Desde IU, Roberto Colunga ha afirmado que hay una normativa suficiente para garantizar la autoridad y el trabajo que llevan a cabo los profesores y que, por lo tanto, es innecesaria la regulación pretendida por los populares.
En su opinión, con la propuesta del PP se favorecería la "judicialización" de las relaciones alumno-profesor y de todo el sistema educativo, como está pasando en Madrid.
En términos similares se ha expresado el socialista Alfonso Rey, que ha asegurado que la propuesta del PP, con referencias continuas a la autoridad y la disciplina, "desprende cierto tufillo al pasado".
En su opinión, el ejemplo de la comunidad de Madrid, que puso en marcha este reconocimiento para el profesorado, "no ha mejorado la convivencia en los centros educativos" y que así lo han reflejado ya los sindicatos mayoritarios y asociaciones de padres.
Ha añadido que la ley madrileña tiene un carácter punitivo y corrector que no ha ido acompañado de medidas complementarias que permitan mejorar la convivencia en los colegios y por eso ha fracasado.
Para el portavoz socialista, "el reforzar la autoridad no puede estar basado en el miedo, sino en el prestigio social que debe tener el profesorado".
Por otra parte, PSOE e IU han rechazado otra propuesta del Partido Popular en la que se reclamaba al Gobierno que en el plazo de seis meses se remitiese un informe sobre el maltrato padecido por mayores en el Principado.
La diputada popular Inmaculada González ha señalado que, aunque no quiere ser alarmista, sería bueno contar con un informe en el que se aclare la situación en la que se encuentran.
Desde IU, Diana Camafeita ha criticado que la propuesta del PP se hubiese hecho sin ninguna orientación y la dificultad que conllevaría su realización a la Consejería de Bienestar Social porque va más allá de sus posibilidades y debería contar con otros estamentos, como el judicial, donde sí queda constancia de las posibles denuncias que haya podido haber. EFE
