Oviedo, J. N.

Dos siglos después de la sesión seminal, en Cádiz, de las Cortes constituyentes, de las que año y medio después saldría la primera Constitución de nuestra historia, sigue viva la memoria de ocho diputados asturianos, en buena medida decisivos en la ejecución de aquel enorme paso adelante de nuestra Historia.

Entre aquel puñado de gigantes que representaban la voluntad popular en el arranque de las Cortes de Cádiz destacó sobremanera el riosellano Agustín de Argüelles hasta el punto de que está considerado el padre de la Constitución o, con más precisión, quien la redactó, al menos, en sus aspectos fundamentales.

Nació en Ribadesella en 1776 y estudió Derecho en la Universidad de Oviedo. Apodado «el Divino» por su oratoria, fue abogado, político y diplomático. La inspiración política del prócer astur provenía de las instituciones representativas y usos británicos. Intervino en más de quinientas ocasiones durante los períodos de sesiones de las constituyentes y tuvo una marcada influencia con relación a la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta, la prohibición de la tortura, el acceso de los plebeyos a la carrera militar, la anulación de los señoríos y la desaparición de la Inquisición.

La suerte del riosellano fue esquiva. Fernando VII regresó a España y restauró el régimen absolutista; así que Argüelles fue encarcelado en 1814 y estuvo entre rejas hasta que siete años después el pronunciamiento de Riego le devolvió la libertad para desempeñar inmediatamente el Ministerio de la Gobernación. Con la caída del régimen liberal y la vuelta del absolutismo, se exilió a Inglaterra en 1823 donde apenas sobrevivió como bibliotecario de lord Holland.

Regresó a España en 1834, ya muerto Fernando VII, y participó en la redacción de la Constitución de 1837. Fue diputado por Asturias. Y Espartero lo nombró preceptor de Isabel II durante su minoría de edad tras perder la votación en las Cortes Generales frente al general para ser elegido regente de España. Falleció en 1844.

De no menor talla política e intelectual fue José María Queipo de Llano, conde de Toreno, de noble cuna, riquísimo y muy radical en sus tiempos de Cádiz. Al estallar la Guerra de la Independencia fue comisionado a Londres por la Junta asturiana que encabezó el levantamiento institucional contra Napoleón. En las Constituyentes propuso la incorporación de los señoríos a la nación -y eso que era un privilegiado por ese sistema-, la eliminación de las ventajas de los nobles para acceder a la carrera militar, así como la abolición de la Inquisición y de las rentas provinciales. La restauración absolutista lo condenó a muerte, así que se exilió en Londres y París. A su regreso fue ministro de Hacienda y después presidente del Gobierno en 1835, ya desde posturas mucho más moderadas.

La Iglesia tuvo una fuerte presencia en las constituyentes, y Asturias aportó dos diputados eclesiásticos que militaron en el bando conservador. Destacó especialmente el cardenal Pedro Inguanzo Rivero, buen orador, que dominaba la teología y la filosofía. Era canónigo doctoral de la catedral de Oviedo. En Cádiz encabezó el grupo conservador que era partidario del absolutismo en mayor o menor medida. Intervino en las sesiones a favor de que la nación, y no el pueblo, se hiciese cargo de la restitución del valor de fincas enajenadas. Y fue contrario a permitir el acceso a la carrera militar a personas que no pertenecieran a la nobleza. De todos modos, estaba a favor de la libertad de imprenta. En 1815 fue nombrado obispo de Zamora, y en 1824, de Toledo y cardenal, lo que culminó su carrera eclesiástica. En cuanto al obispo Alonso Cañedo Vigil, se sabe que estudió Leyes y Cánones en las universidades de Oviedo y Salamanca. La Junta Superior lo nombró en 1810 diputado en las Cortes de Cádiz, donde tuvo un destacado papel como abogado de los intereses eclesiásticos al defender posturas reaccionarias. Muy activo, intervino en cuarenta y ocho debates alineado con los absolutistas. En 1815 accedió a la diócesis de Málaga. Como parlamentario tuvo especiales enfrentamientos con Toreno y Argüelles, así que no puede hablarse de frente asturiano.

Aunque no se trataba de una representación estamental, la Universidad de Oviedo aportó de facto la figura de Andrés Ángel de la Vega Infanzón, catedrático en el alma máter asturiana. Era asimismo abogado y una persona sobre la que aún planea un halo de misterio, dada su tendencia a la permanente intriga. En Cádiz participó en las comisiones de Interior, leyes suntuarias y organización del gobierno. Medió entre representantes del Gobierno británico y las Cortes; de ahí que se hablase de actividades de espionaje y de una posible condición de agente doble.

También era catedrático de la Universidad de Oviedo Felipe Vázquez Canga, en su caso, de Cánones. Desempeñó antes el cargo de secretario de la Junta Superior de Asturias y concejal del Ayuntamiento ovetense. Participó activamente en los debates sobre la Inquisición así como los confiscos y secuestros. Formó parte destacada de las comisiones de Poderes, Justicia, Tribunal de Cortes, Infracciones y Señoríos. Fue presidente de las Cortes y se vio implicado en una intentona de golpe de Estado liberal para proclamar una República.

Francisco del Calello Miranda también era, y van tres, catedrático en la Universidad de Oviedo y asimismo jefe de la Alarma de Salas. Propuso en las constituyentes la formación de aranceles en los tribunales para, de esa manera, evitar fraudes de los funcionarios. Defendió asimismo al clero secular abogando por los párrocos y presbíteros. Consideraba que su situación era de miseria y abandono, así que propuso la asignación a los curas de una dotación de hasta dieciocho mil reales. Llegó a ser presidente de las Cortes, puesto desde el que exigió que ningún español obtuviera un empleo público sin acreditar que previamente hubiese jurado la Constitución. El grupo asturiano se completó con Francisco de Sierra Llanes, caballero maestre, coronel y gobernador militar de Navia. Luchó con Ney para que no cruzase el río Navia en 1809. En las Cortes de Cádiz destacó por su intervención sobre la patria potestad, proponiendo limitar las tradicionales facultades del padre.

El Rey Juan Carlos, en la fotografía entre la Reina Sofía y el presidente de las Cortes, José Bono, ensalzó ayer ante las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 que se celebraron en la real Isla de León, en San Fernando (Cádiz), donde «se abrió un capítulo fundamental de la gesta colectiva iniciada en 1808, cuando el pueblo se alzó como titular del ser y del destino de nuestra nación». Igualmente, recordó que «los grandes pueblos saben exaltar los logros del pasado, para avanzar en el presente y ganar el porvenir».