21 de diciembre de 2010
21.12.2010
La Nueva España

La Dependencia se estanca en Asturias por descoordinación con los servicios municipales

Los profesionales del sector constatan una «ralentización» de la ley, «como si la hubieran metido en el congelador»

21.12.2010 | 01:00

Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO

El Observatorio de la Dependencia ha suspendido por primera vez a Asturias en el desarrollo de esa ley. Hasta ahora el Principado solía aparecer como un alumno aplicado en los informes que semestralmente publica la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales, constituida por empresarios y profesionales de ese ámbito. Asturias se mantenía en la media, en 2009 llegó a ganarse un 7 y ahora no pasa del 4. El presidente de la organización que realiza el informe, José Manuel Ramírez, constata «una ralentización» en el desarrollo de la ley en Asturias, «como si la hubieran metido en el congelador». «Ha bajado el porcentaje de personas atendidas respecto a la población y lo mismo ocurre con los dictámenes y las solicitudes», reseñó.


Ramírez lo atribuye a una gestión errónea del sistema, ya desde su planteamiento. «En Asturias, para desarrollar la dependencia, se montó un red nueva de la comunidad autónoma paralela a los servicios sociales municipales. Esa red ya no da más de sí y el equilibrio se ha roto», sostiene; así que las solicitudes se acumulan y las esperas se alargan. «Asturias no ha sido capaz de resolver el limbo de la dependencia», una expresión con la que se refiere a las personas que tienen su derecho reconocido y están a la espera de una prestación o ayuda.


Los servicios municipales, según el responsable del Observatorio, agilizarían la tramitación, podrían resolver con más eficacia y prontitud el plan personalizado de atención, el PIA. El País Vasco, a la cabeza en dependencia, los integró en el sistema desde el inicio, puso como ejemplo, y Aragón reformó su sistema para integrarlos. Sin embargo, «los servicios sociales de Gijón son de los más potentes de España, servicios de referencia, y están fuera del sistema de dependencia».


De todos modos, José Manuel Ramírez reconoce «el interés del Principado por desarrollar servicios públicos, por encima de las prestaciones económicas». Exculpó en parte a los responsables actuales de Bienestar Social del Principado, dado que el modelo de gestión «es heredado, es responsabilidad de la que fue directora del Imserso (Instituto de mayores y servicios sociales», la socialista Pilar Rodríguez.


En la Consejería de Bienestar Social el dictamen del Observatorio de la Dependencia cayó como un jarro de agua fría. «Parece ilógico que una comunidad que crea 2.000 plazas de atención a mayores en dos años y presenta una de las tasas más elevadas de oferta de servicios profesionales, públicos o acreditados -8,3 puntos por encima de la media nacional- lo esté haciendo peor que otras comunidades que atienden a más del 60% de las personas mediante cuidados familiares no profesionales», se hizo constar en un comunicado. Un portavoz de la Consejería objetó que «no es un informe riguroso y los datos no son fiables». «Nadie se ha dirigido a nosotros para pedir información», añadió.

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