Oviedo, M. S. M.
De nada sirvieron los cientos de apoyos de profesores, arqueólogos, investigadores e incluso de un ex presidentes del Principado, ni la moción aprobada en el parlamento asturiano instando al Gobierno al archivo del expediente disciplinario abierto. Al final, Ángel Villa, arqueólogo de la Consejería de Cultura, acaba de ser sancionado con la suspensión de tres meses de empleo y sueldo por lo que desde la Consejería de Cultura se entiende como la comisión de «una falta muy grave».
Los hechos que dieron lugar a la sanción están relacionados con el hallazgo de un zulo con materiales arqueológicos en el bunker del Museo de la Campa Torres de Gijón.
Hasta dicho centro se desplazó Ángel Villa, comisionado por el Museo Arqueológico, para establecer qué piezas de dicho yacimiento formarían parte de la colección del nuevo Museo Arqueológico. Durante el proceso de reunión del material, y tras mover una estantería que tapaba una puerta cuya existencia se desconocía, se encontró un almacén subterráneo con cientos de cajas repletas de materiales arqueológicos, procedentes de las excavaciones realizadas en el castro de la Campa Torres bajo la dirección de José Luis Maya (fallecido) y Francisco Cuesta, actual director del Museo de Grandas de Salime.
El hallazgo de las piezas, cuya existencia se desconocía hasta entonces, en condiciones inadecuadas y «deslocalizadas» fue calificado por algunos expertos como «uno de los capítulos más lamentables de la arqueología asturiana». Varios meses después de que Ángel Villa pusiera en conocimiento del Ayuntamiento de Gijón y de la dirección del Museo Arqueológico de Asturias la situación de esos bienes patrimoniales, procedentes de las excavaciones de Maya y Cuesta, la Consejería de Cultura incoa un expediente sancionador contra Villa al que acusa de no haber comunicado el hallazgo en tiempo y forma a su jefa de servicio, que se entera días después a través de un documento procedente del Ayuntamiento de Gijón.
Según el expediente abierto al arqueólogo, es obligación de los técnicos poner en conocimiento de sus superiores cualquier incidencia o actuación que facilite el control o supervisión de los asuntos del servicio y, por tanto, se castiga la realización de informes sin el visto bueno del superior jerárquico. A Ángel Villa le atribuyen haber causado «un grave perjuicio al servicio del que depende, dado que con su actuación no ha permitido que quien ostenta la jefatura active los mecanismos legales de protección».
En su momento Villa alegó que en ese momento los materiales no corrían más riesgo de sufrir deterioro que el que supuso su olvido durante diez años y que lo que realmente se necesitaba era conocer el contenido de las cajas y realizar su inventario, como así se dispuso desde el Ayuntamiento de Gijón.
