13 de junio de 2011
13.06.2011

«Dies irae»: Castigo político al arqueólogo Ángel Villa Valdés

Análisis crítico de la sanción originada por el hallazgo en un sótano de 300 cajas de piezas del yacimiento de la Campa Torres

13.06.2011 | 02:00
«Dies irae»: Castigo político al arqueólogo Ángel Villa Valdés

Finalmente se acabaron cumpliendo las peores expectativas y la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, ha resuelto sancionar al arqueólogo Ángel Villa Valdés con una suspensión de empleo y sueldo por un período de tres meses. El daño real de la decisión de la Consejera no se limita a ese castigo, del que quedará constancia en su expediente laboral, sino que han de tenerse en cuenta el sufrimiento personal y el coste económico acarreados por el largo procedimiento que hubo de afrontar y que continuarán con los consiguientes recursos jurídicos, incluidas las acciones judiciales que pudieran derivarse contra los funcionarios que con su arbitrariedad hayan podido caer en prevaricación. No hay que olvidar que el arqueólogo lleva un año de baja en tratamiento médico desde que los políticos de la Consejería iniciaron una incomprensible persecución laboral que desembocó en la privación, también extensiva a todo el equipo investigador, del estudio de los castros de la cuenca del Navia, en los que desarrolló un brillante y extenuante trabajo durante los últimos 15 años.


No hay duda alguna que nos encontramos ante una de las más injustas y arbitrarias decisiones adoptadas por la Consejería de Cultura desde la existencia del Gobierno autonómico. Bajo un punto de vista jurídico deben subrayarse, en primer lugar, la inexistencia de una causa real inculpatoria y, en segundo lugar, la acumulación de parcialidades administrativas de la parte instructora que impidieron la incorporación de las pruebas alegadas por la defensa y que convierten el procedimiento en un acto carente de las más elementales garantías legales, tal como corresponderá demostrar ante instancias judiciales.


Un sintético resumen de los hechos pone de manifiesto la absurdidad de todo este acontecimiento. Como es bien sabido, Ángel Villa, experto asesor del proyecto del Museo Arqueológico, fue quien requirió ante instancias del Ayuntamiento de Gijón la búsqueda de la colección arqueológica de la Campa Torres, cuyo paradero era desconocido, iniciativa que culminó con el descubrimiento en instalaciones municipales de un escondrijo subterráneo formado por más de 300 cajas en un penoso estado de conservación. A pesar de corresponder al Ayuntamiento de Gijón el procedimiento administrativo subsiguiente, la Consejería de Cultura abrió expediente disciplinario contra Ángel Villa Valdés por no comunicar el hecho a su superiora inmediata, reprobando por contra que lo hubiera hecho al Museo Arqueológico de Asturias, cuya directora fue por lo mismo expedientada y, por último, cesada. Se da la «casualidad» de que aquella «superiora inmediata», que fue parte de cargo en dichos expedientes disciplinarios, sería nombrada a continuación directora del Museo. Además, contraviniendo una resolución de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que señaló al director de las excavaciones, Francisco Cuesta, como responsable de la ocultación que constituye un delito contra la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, la Consejería de Cultura no inició acción alguna contra él amparándose en un informe exculpatorio realizado por un arqueólogo que, también «casualmente», acaba de ser designado «a dedo» alto cargo del citado Museo.


De nada han servido las innumerables declaraciones públicas de arqueólogos de toda España e inclusive del extranjero, hasta donde alcanzaron los ecos de esta infausta situación, entre ellas la de los miembros del Comité de Asesoramiento Científico para la renovación del Museo Arqueológico, constituido por la propia Consejería de Cultura, que explica cómo la actuación de Ángel Villa se desarrolló en el seno de dicho Comité y con pleno conocimiento de éste, lo que es motivo necesario de su exculpación. Tampoco sirvieron de nada las no menos significativas acciones sociales y políticas, entre las que debemos recordar el pronunciamiento de todos los partidos en la Junta General del Principado, excepto del PSOE, en contra de dicho expediente.


Es tan contradictoria la posición de la Consejería que nadie hasta ahora ha sabido entender su relación con los sucesos, y ningún político ha querido y podido explicarla. Baste decir que hasta la tipificación de las pretendidas infracciones que se le imputan a Ángel Villa han sido modificadas en el curso del procedimiento por la instructora del expediente, quedando ahora materializadas bajo la formulación de una «mala voluntad contractual», abstracto y ambiguo concepto en el que puede tener cabida cualquier cosa y cuyo único sentido es el de permitir a la parte instructora que motive lo que le venga en gana. Todavía supone más extrañeza la vehemencia aplicada por la Administración en este asunto frente a la conocida ligereza con que ha tratado las materias que constituyen el objeto de sus competencias. Por si fuera poco, esta grave decisión es adoptada en los últimos estertores de un Gobierno en funciones al que los ciudadanos han retirado su confianza, entre otras principales razones por su aciaga gestión cultural y por las acciones agresivas ejercidas contra destacadas instituciones y personas vinculadas a la cultura asturiana.


De todo ello se pudiera pensar que nos encontramos ante una medida política estrictamente punitiva dirigida a castigar a una persona de probada objetividad profesional y de reconocido prestigio nacional en el campo arqueológico, pero consiguientemente incómoda para unos políticos que hacen del servilismo y del clientelismo personal (una mala reinvención de la devotio ibérica) su modelo de comportamiento. Una medida, que para mayor abundamiento de la torpeza que la inspira, es adoptada como una coz en los últimos días de un gobierno desautorizado y acosado por la Justicia ante gravísimos casos de corrupción y flagrantes irregularidades administrativas constantemente revocadas en los tribunales. Una decisión completamente inútil para lo sustancial, esto es: la determinación de la responsabilidad del zulo de la Campa Torres y la evaluación y subsanación de los daños ocasionados sobre un tesoro patrimonial sobre el que, transcurrido más de un año desde su aparición, nada más se ha vuelto a hacer.


Sin embargo, creo que esta resolución no obedece solo a un mero ejercicio de maldad: mediante ella se pretende eliminar al mejor candidato para ocupar uno de los puestos del Museo Arqueológico de Asturias que la Consejería de Cultura ha creado y así consolidar el reciente nombramiento de dos altos cargos que se han distinguido por sospechosas actuaciones administrativas que deberán ser esclarecidas en el futuro. Una operación, en definitiva, como la realizada en el Museo de Grandas de Salime que condujo a la destitución de Pepe el Ferreiro y al nombramiento, en su lugar, de un mero acólito del Partido Socialista.


En suma, nos encontramos ante un castigo despótico ejercido con prepotencia y autoritarismo por unos cargos políticos que representaron a una soberanía popular que se tilda a si misma de izquierdas. De lo que no albergo duda alguna es de que, si viviéramos en otros tiempos, al igual que Miguel Servet, Savonarola y tantos más, Ángel Villa ardería esta noche en la hoguera.

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