Gijón, A. RUBIERA

El Hospital de Cabueñes acaba de poner en marcha un protocolo de atención a víctimas de agresión sexual. El centro, según la investigación llevada a cabo por el servicio de ginecología hace cinco años, registra al año en torno a una veintena de casos graves de sospecha de agresión sexual en mujeres adultas, a los que hay que sumar los casos que llegan a pediatría -sin cuantificar- y los que afectan a varones. El perfil mayoritario de las víctimas es el de una mujer de edad media que sufre la agresión por parte de alguien de su entorno, ya sea familiar o social.

Con la elaboración del protocolo, que ayer presentó en una sesión clínica en el centro la ginecóloga Beatriz Duplá, se intenta estandarizar la atención a todos aquellos pacientes que llegan a Cabueñes por sospecha de agresión. «Es un documento que los profesionales demandábamos para saber cómo enfrentarnos a estos casos; también surge por la sospecha que teníamos de que podíamos no estar haciendo las cosas bien», explicó Duplá, que reconoció que esas incertidumbres podían estar causando perjuicio a las víctimas.

Dudas sobre qué médico debe hacerse cargo del paciente; qué tipo de pruebas pedir; qué hacer con las muestras que se recogen y cómo custodiarlas; qué obligaciones tiene el médico de urgencias, el ginecólogo o los pediatras, y cuáles los forenses; cuándo hay que ponerse en contacto con el juez de guardia; en qué casos se debe indicar un tratamiento para prevenir VIH o cuándo cumplimentar el Vimpa (registro oficial del Principado de atención sanitaria en violencia contra las mujeres), son cuestiones que ahora se aclaran en once folios, documento que ya han pedido a Cabueñes desde el HUCA.

Entre los criterios claros que establece el protocolo está que el paciente que llega a urgencias por un caso de estos deberá ser clasificado con el código de atención preferente. Y que lo primero es poner en conocimiento del tema al Juzgado. Además, dijo Duplá, se requiere mucho detalle en la elaboración de la historia clínica «más de lo que registramos normalmente, incluidas referencias sociales y familiares». Siempre deberá haber un médico que se haga responsable máximo del paciente, ya sea ginecólogo, de urgencias (si el paciente tiene lesiones físicas graves) o pediatra; y siempre habrá que prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos, lo que incluye seguimientos del paciente a las dos semanas, a las 4 o 6 semanas, a los seis meses y al año del suceso. También hay que hacer, en ese primer contacto, un análisis de orina «porque algún caso hemos visto de pacientes que previamente habían sido intoxicadas, en concreto una con quetamina».

Será el juez quien deba dar la instrucción para que se persone en el hospital el forense, ya que lo más idóneo es que la exploración ginecológica o pediátrica y las pruebas médico-legales, que son responsabilidad del forense, se hagan a la vez. Ayer quedó patente que la relación entre forenses y sanitarios es compleja, siendo varios los profesionales que se quejaron por la demora de éstos en llegar o su negativa a acudir al hospital por acumulación de trabajo. «Lo que nos genera problemas a la hora de decidir las pruebas o la custodia de las mismas», contaron.