Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á.
El sistema sanitario público es «absolutamente insostenible» en este momento, con una deuda de 16.000 millones de euros. Así lo subrayó ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en respuesta a una interpelación del PSOE en el Congreso de los Diputados que tuvo como telón de fondo el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar el gasto público por un importe de 7.000 millones de euros en sanidad y 3.000 en educación. La Consejería de Sanidad del Principado reconoció semanas atrás que la deuda de este departamento al cierre de 2011 era de 303 millones de euros.
Según Mato, el proyecto de presupuestos de 2012 no sólo mantiene, sino que «blinda» el sistema de bienestar social, empezando por la sanidad, y no va a retroceder, sino a consolidarse con el PP. Sin embargo, la Ministra señaló que ve factible aplicar este mismo año un «copago» de recetas según la renta de los pacientes, por tramos, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad. Eso sí, matizó, siempre y cuando el Consejo Interterritorial de Salud -en el que están representadas las comunidades autónomas y que se reunirá el próximo día 18- adopte esta medida.
La versión del PSOE es muy distinta. El diputado Eduardo Madina enfatizó que las cuentas del Estado elaboradas por el Ejecutivo constituyen «el mayor ataque directo contra la sociedad del bienestar de los 30 últimos años». Madina atribuye esta situación a una «gran obra de ejecución ideológica» del Partido Popular: el paulatino desmontaje del modelo social y de las partes nucleares del Estado del bienestar.
Mato rechazó el abono de un euro por receta -ya implantado por Cataluña-, así como algún tipo de «copago» por las consultas o prestaciones sanitarias. Son medidas posibles la regulación del «turismo sanitario» o una tarjeta sanitaria única, que evitaría duplicidades. El Gobierno -indicó la Ministra- trabaja en un catálogo de servicios sanitarios básicos obligatorio para todas las autonomías, que no supondrá una reducción en las prestaciones sanitarias. Otra cosa -matizó- es buscar cómo evitar a los pacientes visitas al médico que puedan ser innecesarias, como ocurre con los enfermos crónicos para obtener recetas.
Según Mato, el Gobierno central va a asegurar el modelo de bienestar social frente a las contingencias futuras, sin hipotecar más el futuro de los españoles, y «especialmente ante los riesgos de los gobierno ineficaces», en referencia a la gestión «catastrófica» y de «quiebra» de los socialistas. «Ningún español va a quedar desasistido o desatendido por culpa de esta crisis», indicó la Ministra, quien agregó que «vamos a redoblar los esfuerzos para que, con menos recursos, podamos llegar a más gente».
Ana Mato indicó que se está actuando para asegurar la sostenibilidad del sistema y potenciar la equidad. «En estos momentos, la sanidad no tiene ni siquiera garantizada la equidad, no todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos servicios sanitarios (...). Sale más rentable el sistema a los que vienen de turismo sanitario que los que vivimos aquí», indicó la Ministra. Entre otros programas, la titular de Sanidad aseveró que va a apuntalarse el sistema de dependencia, que los socialistas dejaron «sin modelo estable de financiación», y aseguró que los presupuestos dedican cinco puntos porcentuales más a esta partida que en 2011, con los socialistas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se sumó a las tesis de su homóloga de Sanidad argumentando que los recortes en sanidad anunciados por el Ejecutivo son «la única forma que existe de garantizar un sistema sanitario público, universal y de calidad».
Desde las filas socialistas, la ex ministra de Sanidad Trinidad Jiménez expresó la negativa del PSOE de ser «cómplice» del «desmantelamiento del sistema sanitario», así como el rechazo a cualquier tipo de «copago». El responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, apuntó que el ahorro en el capítulo de sanidad «tendrá un origen legislativo» para «ayudar a las comunidades a gastar menos». La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública interpreta que, en el fondo, se trata de un ERE «encubierto» que podría afectar a 7.471 médicos con la excusa de reducir el gasto público.
«Es el mayor ataque contra la sociedad del bienestar de los últimos 30 años»
<Eduardo Madina >
Diputado nacional del PSOE
