El consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, prolongó ayer su mutismo ante el intenso debate de ámbito nacional acerca del recorte de 7.000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy quiere aplicar al gasto en Sanidad y, como derivada, a la posibilidad de establecer una mayor aportación de los usuarios al coste de los medicamentos.
«Estamos a lo que estamos. Hay un consejo territorial el próximo miércoles en el que se van a tratar todos estos asuntos y creo que todas estas declaraciones imprudentes que se están haciendo antes del consejo no tienen mucho sentido. Hay que discutirlo allí. Está hablando mucha gente, con más o menos autoridad moral, y no es el momento», apuntó Navia-Osorio momentos antes de su intervención en las jornadas del «Día mundial del párkinson».
En relación al recorte de las ayudas otorgadas a asociaciones de afectados por enfermedades, el Consejero admitió que «hay un problema fundamental, que es que son asociaciones que reciben subvenciones de diferentes organismos, entre ellos de la Consejería de Sanidad, y que nosotros también sufrimos un recorte, y eso se traduce en una disminución del tamaño de la subvención que damos a estas asociaciones».
El titular de Sanidad agregó que «desde la Consejería lo que queremos es preservar las de sociedades que hacen labores de rehabilitación, un poco en detrimento de otras que hacen actividades menos de contacto físico con el paciente». «Lógicamente, van a verse en cierto modo dañadas, aunque esperemos que lo menos posible», apostilló Navia-Osorio. De otro lado, el PSOE planteó ayer al Gobierno en el Congreso de los Diputados un pacto de Estado para garantizar la financiación de la sanidad y la educación públicas. La propuesta figura en una moción, consecuencia de la interpelación urgente que se debatió esta semana en Pleno, sobre el modelo de bienestar social, a la vista del proyecto de Presupuestos del Estado.
La iniciativa, diseñada por el Grupo Socialista, será debatida dentro de dos o tres semanas. Su objetivo consiste en promover un pacto político orientado a preservar los actuales niveles de financiación y prestación de los servicios públicos. En particular, pide el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud «equitativo, cohesionado, sostenible, descentralizado y eficiente, universal, gratuito y sin copago por el uso de servicios», con «máxima calidad asistencial».
