Oviedo, Eduardo GARCÍA
La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Felgueroso, pega un largo y áspero tirón de orejas a la Administración educativa asturiana (a la anterior, socialista, y a la actual, de Foro) al entender que el apoyo de la Consejería a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales es menor en la enseñanza concertada que en la pública.
La Procuradora pide que se pongan en marcha «cuantas actuaciones resulten necesarias a fin de llevar a cabo una regulación sistemática, unificada, completa y consolidada de la ordenación educativa del alumnado con necesidades específicas». El informe es consecuencia de las quejas presentadas por el sindicato de la concertada OTECAS. Quejas que vienen de largo, desde la primavera de 2010.
Los actuales responsables de Educación en Asturias han remitido a la Procuradoría General un escrito en el que se pide tiempo, en concreto diez meses, para sacar adelante un decreto que regule la atención a la diversidad en las aulas de la región y la orientación educativa, normas que garantizarían -dicen- esa unificación de criterios.
Desde el sindicato OTECAS, su portavoz Juan Luis González valoró positivamente la intención de la Consejería para dotar de un profesor más de Pedagogía Terapéutica por cada 18 aulas de Infantil y Primaria en los colegios concertados. «Es un avance, pero seguimos hablando de intenciones. La Administración del Principado no puede seguir mirando a otro lado en estos temas».
OTECAS niega que en la concertada haya niños con necesidades específicas que estén desatendidos, pero esa atención se hace «a costa de un mayor esfuerzo por parte del profesorado de la concertada».
La queja tiene largo recorrido. En el transcurso del proceso, la Procuradora General reitera varias veces las peticiones a la Administración educativa asturiana, hasta tres veces a lo largo de 2010, al no recibir respuesta adecuada. La Procuradoría pide a Educación las medidas oportunas «para evitar eventuales indefensiones y desigualdades en el acceso y disfrute al derecho a la educación de calidad en igualdad de medios y condiciones».
Juan Luis González recordaba ayer que el artículo 72 de la LOE «marca que los criterios para la dotación de recursos deben ser iguales» en la red pública y en la concertada (se trata en ambos casos de centros docentes sostenidos con fondos públicos) «pero cuando planteamos esto algunos partidos hacen oídos sordos y encima hay algún enfado sindical».
