Oviedo / Madrid, P. Á. / Agencias
Los recortes aplicados a la sanidad pública española con el fin de ahorrar 7.000 millones de euros fueron publicados ayer en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) con algunas novedades sobre los detalles que hasta el momento habían trascendido. El contenido más controvertido del real decreto es el referido a la atención a los inmigrantes ilegales, los cuales se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre. A partir de entonces, únicamente serán atendidos en determinadas situaciones de urgencia. Según el Ministerio de Sanidad, la anunciada modificación de la Ley de Extranjería que los dejará sin el citado documento no se aplicará a niños y mujeres embarazadas, cuya asistencia seguirá estando garantizada. Los médicos de los servicios de urgencias pronostican que las nuevas restricciones aumentarán la frecuentación de este tipo de unidades hasta colapsarlas y convertirlas en una fuente de conflictos.
El Gobierno ha aprovechado el decreto sobre ajustes sanitarios para «blindar» el Sistema Nacional de Trasplantes contra «intromisiones» como la de la empresa alemana DKMS, que meses atrás organizó una campaña de donación en Avilés (la primera del país) en la que se registraron más de 1.200 voluntarios.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, negó que esta reforma sanitaria sea insolidaria. «Lo absolutamente injusto» es que el anterior Ejecutivo del PSOE «haya llevado a la sanidad española a esta situación insostenible financieramente», argumentó Mato, para quien el copago de los medicamentos en función de la renta -una de las medidas publicadas ayer en el BOE- «preserva y da prioridad a los más desfavorecidos y a los que menos tienen».
Según el real decreto, las autonomías deberán adaptarse al nuevo modelo de copago farmacéutico antes del 30 de junio. Los ciudadanos pagarán por las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas, collarines...) en todas las comunidades, pero no tendrán que abonar nada por los implantes internos como prótesis de cadera, rodilla o mama. El objetivo es que todos los usuarios paguen lo mismo por estos productos, independientemente de dónde residan, y en función de su renta.
El real decreto prevé que, además de las orto-prótesis, los usuarios paguen parte de los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, ya que se les considera como «servicios accesorios» sujetos a aportación. Estos servicios y productos no estarán incluidos en la cartera común para todo el territorio nacional y sí en una suplementaria, que acordará el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El porcentaje de pago del usuario sobre estos servicios se hará en función de la renta, al igual que ocurre en los medicamentos, aunque no se establece ningún límite para esta aportación. Quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos que están indicados «en el tratamiento de síntomas menores», tales como lágrimas artificiales, omeprazol y algunos antidiarreicos, mucolíticos y descongestivos. Tampoco serán financiados aquellos fármacos que estén por debajo del precio determinado por el Ministerio de Sanidad y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta. Sí entran dentro de la cartera básica «las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública».
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó de «xenófobo» el real decreto y acusó al Gobierno de «dar pábulo a una siniestra idea según la cual los inmigrantes abusan de la sanidad europea». Según Rubalcaba, el Ejecutivo de Rajoy ha «roto un consenso básico de 20 años» cambiando un sistema de cobertura universal por otro de aseguramiento, que deja fuera también a los estudiantes de más de 26 años -puso como ejemplo a los opositores- y a los rentistas. A juicio de Farmaindustria, el real decreto constituye un «nuevo ataque contra la innovación» y, en concreto, contra los medicamentos de marca «a favor» de los genéricos, incluso a igualdad de precio.
