Madrid, Efe

La religiosa María Gómez Valbuena, sor María, que ayer se ha acogido a su derecho de no declarar ante el juez de Madrid que investiga la causa de los «niños robados», aseguró que son completamente falsos los hechos que se le imputan y que le «repugna» la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.

Así lo expresó la monja en una carta abierta a la opinión pública, remitida a «Efe», en la que pide disculpas si no ha sabido «atender correctamente» a los medios de comunicación, tras comparecer ayer ante el titular del Juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que mantuvo su imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

«Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas», señala la religiosa en la carta.

Tras explicar que ha dedicado toda su «larga vida» a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas, la monja, que acaba de cumplir 87 años, traslada su agradecimiento «de corazón» a todas las personas e instituciones que la han apoyado.

Por último, María Gómez Valbuena, a la que María Luisa Torres acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, indica en la misiva que espera que la situación por la que está pasando «se resuelva a la mayor brevedad».

De momento, el juez Adolfo Carretero citó a declarar hoy como testigos a los padres adoptivos de esa supuesta «niña robada» y tiene previsto practicar nuevas diligencias.

Por otro lado, el Gobierno anunció ayer la creación de un censo de posibles casos de «niños robados» dentro de las medidas que comprometió ayer ante las asociaciones de afectados y que desarrollará un grupo de trabajo coordinado por Justicia, en el que participarán también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

Los titulares de esos tres ministerios -Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato- y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunieron con representantes de las asociaciones de afectados. Gallardón advirtió de que el camino para resolver esta causa será «largo y complejo» y que no existen «fórmulas mágicas», si bien aseguró que el Gobierno en ningún caso «va a desfallecer». Así, entre las medidas acordadas en la reunión se encuentra la creación de un censo de posibles afectados, para lo que se facilitará un modelo de ficha que se incorpore a un archivo, en el que se incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento, entre otros datos.

Los datos relativos al nacimiento o parto se remitirán al Ministerio de Sanidad con el fin de que se puedan cruzar con los que constan en el historial clínico.