El precio medio de un libro de Bachillerato es de 26 euros. El de un libro de la ESO, de 21. Son datos de hace un par de cursos facilitados por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). No hubo grandes subidas, pero tampoco rebajas. Los ingresos del sector en España se acercaban entonces a los 2.800 millones de euros, con una venta global de unos 50 millones de ejemplares.
El problema está en la calle. La oficina del Defensor del Pueblo y el Comité Español de UNICEF sacaron ayer una nota en la que "instan a todas las administraciones e instituciones a poner en marcha las medidas oportunas para alcanzar la gratuidad y promover sistemas universales de préstamo y reutilización de los libros de texto".
Soledad Becerril, defensora del pueblo, le recordaba ayer al Ministerio de Educación que la Lomce le obliga a promover campañas de gratuidad. Que se sepa, hasta la fecha no se ha hecho nada al respecto.
"Catastrofismo"
De la Lomce y de los libros de texto se volvió ayer a hablar en el Congreso donde el PSOE reiteró, como en otras ocasiones, su petición para que se paralice el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y para que se abra un proceso de diálogo para abordar con consenso medidas necesarias para el sistema educativo. La solicitud, como no podía ser de otra forma dada la mayoría del PP, fue rechazada en la Cámara Baja.
A la petición socialista respondió la diputada Sandra Moneo (PP), que ha lamentado el "catastrofismo" de la oposición respecto a la reforma educativa y a los "diferentes intereses" para que no entrara en vigor.
Moneo alabó la nueva ley, especialmente por el papel que tendrá la nueva FP Básica para luchar contra el abandono escolar temprano y para que los jóvenes a los que "expulsaba la LOE" encuentren un camino para conseguir un título.
