Son casi 11.000 firmas las que ayer se presentaron en el Registro General del Principado contra los planes de la Consejería de Educación para crear un consorcio regulador de las escuelas del primer ciclo de Infantil, la de los niños menores de 3 años. Para dentro de una semana se prepara otro envío, que es como un aviso en forma de papel del malestar que en algunos ámbitos sindicales y profesionales ha creado ese plan que defiende la consejera Ana González y que en todo caso no se concretaría hasta finales del próximo año o principios de 2016. En el plano estrictamente político, el proyecto tampoco gusta a Izquierda Unida, pero le tocará a la próxima Junta General que salga de las elecciones autonómicas, en primavera, decidir el cambio de modelo.
La primera etapa de Infantil da trabajo en Asturias a algo más de 500 personas, que llegan a las escuelas por dos vías: o maestras con la especialidad de Educación Infantil o técnicas de FP Superior en Educación Infantil.
Las dos grandes reservas de los sindicatos y partidos que están en contra del consorcio es el riesgo de privatización, aunque nadie acaba concretando al respecto, y la imposibilidad por ley de que se puedan adscribir al nuevo consorcio los ayuntamientos en proceso de plan de ajuste.
La mesa sectorial se reúne hoy para avanzar en un acuerdo del nuevo plan de evaluación docente, que se presume más que complicado.
