El Servicio de Salud (Sespa) se ha mostrado hoy dispuesto a estudiar "todas las propuestas" que supongan la mejor aplicación de los acuerdos suscritos con los sindicatos en enero de 2013 que permitieron la desconvocatoria de la huelga de más de tres meses en la sanidad pública asturiana.

En un comunicado, el Sespa señala que dicho pacto establecía mecanismos de desarrollo y vigilancia "que implican a las dos partes" para desarrollar un acuerdos que, a su juicio, "están siendo buenos para todos y, fundamentalmente, para el servicio a los ciudadanos".

El Servicio de Salud se ha pronunciado así después de que el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) advirtiera ayer, al inicio de la campaña de las elecciones sindicales en el ámbito sanitario, de que está dispuesto a convocar una nueva huelga en abril, un mes antes de que se celebren los próximos comicios autonómicos.

Las reivindicaciones del Simpa incluyen la exigencia de nuevas oposiciones de facultativos, la modificación de la distribución de las dos horas y media adicionales de jornada semanal añadidas en 2012 y la reapertura del acceso a la carrera profesional y la recuperación de la cuantía que se pagaba por este concepto hasta 2010.

Para el Servicio de Salud, el acuerdo firmado en 2013 con los agentes sociales es "un compromiso con la eficiencia" que permitió mantener la plantilla, las retribuciones de los profesionales, los dispositivos asistenciales y la cartera de servicios.

Además, ha recordado que el número de facultativos que trabajan actualmente en la sanidad pública asturiana es de 3.210 profesionales, 61 más de los que había a comienzos de 2010, por lo que rechaza la cifra de 600 médicos perdidos por la sanidad asturiana a la que alude el SIMPA.

Estos profesionales, subraya el Sespa, mantienen sus retribuciones y han pactado trabajar 2,5 horas más a la semana en horario de tarde para completar la jornada obligada de 37,5 horas de los empleados públicos lo que permite disponer de muchas más horas de atención sanitaria para dar servicio a la población asturiana.

Para el Principado, se trata de una medida de eficiencia en un contexto económico complejo que facilita que los asturianos dispongan de un servicio público de salud más sostenible manteniendo la plantilla estructural y todos los dispositivos asistenciales y ampliando la cartera de servicios con nuevas prestaciones.