Madrid, Agencias

Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, recibió ayer otro «recado» de la comunidad investigadora en la persona de Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien espera que «el borrador de la ley de Ciencia mejore».

El director del CSIC, el buque insignia de la investigación científica en España, con unos 140 centros repartidos por todo el país (tres en Asturias), mostró su esperanza en que «en todo trámite parlamentario siempre hay mejoras en el borrador, y en éste también se hará», a la vez que pidió más colaboración entre los sectores público y privado. «Una ley como la que se prepara sí puede favorecer la colaboración de financiación entre ambos sectores».

Mientras tanto, la ministra Garmendia prosigue en su objetivo de defender el proyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Ayer, en la clausura del acto de entrega de ayudas a la investigación, en la Fundación Ramón Areces, la ministra de Ciencia aseguró que el nuevo marco legal que se prepara «incentivará la inversión privada empresarial en I+D+i con objetivos de mercado».

Es sin duda uno de los grandes problemas. El referido director del CSIC recordaba que este organismo público rubrica el 45 por ciento del total de patentes públicas españolas. ¿Cuántas patentes llegan a ser compradas, y cuántas por empresas españolas?

La estrategia del Ministerio de Ciencia hasta que el texto llegue al trámite parlamentario parece destinada ahora a explicar las razones por las que en 2009 no se ejecutó el 22% de su presupuesto. Lo había denunciado la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), y precisamente ayer una fuente del Ministerio nombró explícitamente a la Cosce. Fue el secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, quien, además de asegurar que las cifras de ejecución del Ministerio «son muy buenas» y más en «un año duro» como el pasado, criticó la postura de los científicos: «La Cosce quiere la excelencia pura, y el que no funcione, a la calle. Lo dicen los que están dentro, que ya han sacado su plaza con harto sufrimiento».

Hernani también contestó a los dos principales sindicatos del país, Comisiones Obreras y UGT, «que no van a conseguir la funcionalización de la función pública». Entre unos -los sindicatos- y otros -los científicos de la Cosce- hay un mundo. Y la futura ley de Ciencia, dice el secretario de Estado, es «una fórmula intermedia». «Sabemos que no nos vamos a hacer una foto de acuerdo con nadie, pero sí conocemos que esta (la ley) será un centro de gravedad razonable donde todos estemos medianamente de acuerdo», señaló Juan Tomás Hernani.