Cultura quiere inhabilitar al arqueólogo que halló las piezas perdidas en la Campa Torres

El Principado da marcha atrás, por falta de apoyo legal, a su intención de crear la plaza de director técnico del Museo Arqueológico y al traslado forzoso del arqueólogo Jorge Camino

Oviedo, M. S. MARQUÉS

La Consejería de Cultura ha incoado un expediente sancionador al arqueólogo que impulsó el Chao Samartín, Ángel Villa Valdés, en el que se le imputa una «falta muy grave» por haber informado del hallazgo de un zulo con materiales arqueológicos en el Museo de la Campa Torres de Gijón al Museo Arqueológico de Asturias y a la Fundación Municipal de Cultura antes que a su jefa de servicio.

Allí fueron localizadas en un estado casi irrecuperable más de trescientas cajas con piezas procedentes de la excavación que habían concluido diez años atrás los arqueólogos José Luis Maya, fallecido, y Francisco Cuesta, sustituto de Pepe el Ferreiro al frente del Museo de Grandas de Salime.

Ahora, la Consejería de Cultura pide para Ángel Villa sanciones de la máxima dureza, que van desde el despido disciplinario hasta la suspensión de empleo y sueldo con una duración máxima de seis años. Entre las posibles penas que se derivan de una «falta muy grave» se incluyen el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca, y el demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

Entre los hechos que se le imputan se dice que el 19 de marzo de 2009, Villa da traslado de un escrito a la directora del Museo Arqueológico de Asturias, Elisa Collado, también imputada en dicho expediente disciplinario, en el que pone en su conocimiento la localización de los restos arqueológicos. Dicho informe iba acompañado de un reportaje fotográfico que ilustraba las condiciones en las que fue encontrado el depósito.

La instructora del expediente deduce que el 19 de marzo de 2009 Villa tenía conocimiento de esos restos, pero que aún no lo había comunicado a su jefa de servicio, que se entera del hallazgo el 29 de marzo, diez días después, a través de un documento procedente de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón dirigido al jefe de Servicio de Conservación, Archivos y Museos.

Según reza en el expediente, es obligación de los técnicos poner en conocimiento de sus superiores cualquier tipo de incidencia o actuación que facilite el control o supervisión de los asuntos del servicio y, por tanto, se castiga la realización de informes sin el visto bueno del superior jerárquico. A Ángel Villa le atribuyen haber causado «un grave perjuicio al servicio del que depende, dado que con su actuación no ha permitido que quien ostenta la jefatura active los mecanismos legales de protección».

La defensa del arqueólogo asegura que en ese momento los materiales no corrían más riesgo de sufrir deterioro que el que supuso su olvido durante diez años y que lo que realmente se necesitaba era conocer el contenido de las cajas y su inventario, como así se hizo.

Los hechos imputados se refieren a que el arqueólogo faltó a la obligación de «trasladar al superior jerárquico un informe y documento fotográfico de lo acontecido». También se le recrimina un uso indebido de la información a la que tuvo acceso por dirigirla, el 19 de marzo, primero a la directora del Museo Arqueológico sin que conste instrucción de ningún superior jerárquico. También se le acusa de «falta de la diligencia debida en la custodia de dicha información y, en concreto, y con mayor gravedad, del material fotográfico que reconoce haber realizado», fotografías que fueron entregadas en el Museo Arqueológico y en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Parte de ese material fue publicado por LA NUEVA ESPAÑA el 21 de abril de 2010, lo que ha valido para atribuirle al expedientado «falta de diligencia en la custodia de material, por facilitar la difusión pública de las imágenes», aunque el mismo expediente reconoce que no puede acreditarse que Villa facilitará el reportaje gráfico al periódico.

Ahora se abre un plazo de diez días para que el arqueólogo haga las alegaciones que considere convenientes para su defensa.

Por otro lado, la Consejería de Cultura retiró ayer de la mesa general de negociación de la Función Pública la propuesta de traslado forzoso del arqueólogo Jorge Camino del Museo Arqueológico a la Consejería de Cultura. Según el comité de empresa, el intento de modificación del catálogo de puestos de trabajo para crear la plaza de director técnico del museo, que se presentó el pasado miércoles, incurría en irregularidades, por lo que, ante el informe de CC OO, la Dirección de Planificación y Recursos Humanos «dio marcha atrás en su intento».

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