El PP acusa a Cultura de «tapar la boca» a los investigadores de la Campa Torres
Mercedes Álvarez tilda de amiguismo la defensa de Alfonso Román López a los funcionarios expedientados por el informe del material arqueológico

Alfonso Román López muestra los apoyos recibidos por los expedientados. / miki lópez
Oviedo, M. S. MARQUÉS
La consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, está convencida de que los expedientes abiertos a dos funcionarios de la Consejería -el arqueólogo Ángel Villa y la directora del Museo Arqueológico, Elisa Collado- «contribuirán a esclarecer lo sucedido en la Campa Torres de Gijón», donde fue localizado un zulo con más de trescientas cajas con material procedente de las excavaciones que dirigieron años atrás el fallecido José Luis Maya y el actual director del Museo de Grandas de Salime, Francisco Cuesta.

El PP acusa a Cultura de «tapar la boca» a los investigadores de la Campa Torres
La Consejera insistió en que los expedientes abiertos a los dos funcionarios responden a la existencia de «dudas más que razonables sobre su actuación en la Campa Torres» que se pretenden esclarecer. A sus afirmaciones respondió el diputado popular Alfonso Román López, que dibujó un panorama totalmente distinto. A su juicio, la Consejera entiende «el mundo al revés». Y dio su explicación: «Se persigue a tres profesionales -Ángel Villa, Jorge Camino y Elisa Collado- que tienen en común haber trabajo en la Campa Torres y cuyo testimonio ha servido para conocer uno de los mayores atentados contra el patrimonio asturiano». Se pregunta el diputado «cómo es posible que al principal responsable del expolio de la Campa Torres se le nombre director del Museo de Grandas de Salime mientras que a las personas encargadas de estudiar lo sucedido allí se les abre un expediente sancionador».
Tras el castigo a los funcionarios, el grupo popular ve un intento de «taparles la boca». «Ustedes quieren hacer de la Administración su propio cortijo, donde no haya nadie que les ponga cortapisas a sus actuaciones», dijo López, que añadió que la política de Mercedes Álvarez es «matar al mensajero». El diputado anunció una moción en la que su grupo pedirá que «dejen tranquilos a los funcionarios y que les dejen cumplir con su trabajo sin presiones y sin represalias».
Tras la defensa del diputado a los expedientados, Mercedes Álvarez habló de amiguismo. «Usted está diciendo deje en paz a mis amigos y lo demás vale todo». También le acusó de contradecirse porque según dijo López «acusa a Cultura de persecución funcionarial cuando lo que estamos haciendo es una investigación instada por usted». También insistió en que lo que están haciendo desde Cultura es velar por el cumplimiento de las leyes.
Alfonso Román negó cualquier amistad con los expedientados, pero dijo no estar dispuesto a callar mientras se pone en tela de juicio la honorabilidad de unas personas respetadas, reconocidas, independientes y defensores de los intereses generales que están siendo objeto de una persecución inmerecida. «Ustedes, en vez de enmendar sus errores, lo que están haciendo es perseverar y no hay derecho a lo que están haciendo con estas personas». «¿Quién es el responsable del expolio de la Campa Torres?», increpó el diputado, para quien eso es lo que hay que indagar, y no castigar a los investigadores.
La Consejera de Cultura no respondió a la pregunta, pero leyó una serie de consideraciones legales acerca de lo que debe ser el funcionamiento de la Administración. Después añadió que, efectivamente, «se han abierto dos procedimientos disciplinarios, pero que no están finalizados», lo que le impide, dijo, dar más explicaciones. Sí añadió que con ellos lo que se pretende es solventar las dudas existentes. «Los expedientes no se han abierto sin más sino que tras ellos ha habido informes que argumentan esas actuaciones».
Para el Grupo Popular todo lo que está ocurriendo en la Consejería de Cultura desde la destitución hace un año de Pepe el Ferreiro, creador del Museo de Grandas de Salime, responde más a una caza de brujas o a una actuación más propia del «macartismo» que de una democracia. Sobre la destitución del Ferreiro matizó que frente a las acusaciones que ponían en duda su honradez «lo único que se pudo probar es que el despido fue improcedente».
Para López, ahora estamos en una segunda fase que consiste en «perseguir a tres profesionales de reconocido prestigio». Destacó los muchos apoyos de los que han sido objeto en los últimos días. «Fueron muchas las personas que han salido a defender su integridad y su capacidad, entre ellas catedráticos, miembros del RIDEA y alguna tan poco sospechosa de figurar en los círculos populares como el ex presidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil». Algunos de los citados manifestaron su preocupación por lo ocurrido y su apoyo a los expedientados a través de LA NUEVA ESPAÑA.
Esto sirvió a Mercedes Álvarez para acusar al parlamentario popular de construir sus argumentos a partir de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, frente a lo que ella hace, que viene con los papeles preparados.
La diputada de Izquierda Unida, Diana Camafeita, intervino para decir que el debate estaba centrando el foco «donde no se debía centrar», pero no aclaró a cuál de las dos partes se refería. Sin embargo, no aprobó la actuación de la Consejería de Cultura, ya que a su juicio la investigación debe ir mucho más allá de lo que se está haciendo en este momento.
Ramón García Cañal, del PP, será el encargado de presentar la moción del PP pidiendo que se deje trabajar en paz a los dos funcionarios.
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