Oviedo, P. R.

Los documentos sobre agrupaciones, entidades o particulares asturianos que se custodiaban en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca «se incautaron en Cataluña y el artículo 2.2 de la ley de Restitución a la Generalitat nos obliga a devolverlos. Los archivos tienen una localidad pero no son de esa localidad», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Rogelio Blanco considera que la entrega a Cataluña del patrimonio documental sobre la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona, el Centro Asturiano de Barcelona y personas privadas asturianas que se devuelve a la Generalitat, se apoya en la ley «y la ley, aprobada en las Cortes, está para cumplirla».

El artículo 2. 2 dice textualmente: «Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 5, el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del decreto de 13 de septiembre de 1936, que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española».

Una vez aprobada la ley, explica Rogelio Blanco, el Gobierno elaboró un real decreto en el que se fijaba un periodo que finalizó el 31 de diciembre de 2010 para que las personas particulares o entidades jurídicas de todas las comunidades autónomas solicitaran la devolución de esa documentación. «El 1 de enero de 2011 no tenía ninguna solicitud de Asturias, nadie en Asturias ejerció ese derecho. Derecho que sí ejercieron autonomías como País Vasco, Madrid y Cataluña. El Principado no nos transfirió ninguna solicitud de documentación», añade el director de Archivos.

Rogelio Blanco califica de «brindis al sol» la carta que le dirigió el Gobierno regional en la que, además de exigirle explicaciones sobre el traslado a Cataluña de esos documentos, decía que había iniciado los trámites para que sean restituidos a Asturias «la totalidad de los fondos documentales» incautados en el Principado y que se custodian en el Centro de la Memoria. «Se trata de generar ruido con algún interés, allá los responsables. Lo que digo es que hubo un periodo de petición que no se ejerció porque las instituciones y los ciudadanos asturianos no lo solicitaron». Y añade Rogelio Blanco: «Lo que siento es que en torno al Archivo de Salamanca se hace reiteradamente un aprovechamiento ideológico, el Centro Documental es de todos los españoles. Aquella documentación incautada a Cataluña hay que devolverla y después, de acuerdo con la ley, la Generalitat, que también cumple la ley, abrirá un proceso para permitir que los particulares demanden o soliciten esa documentación. No olvide que el Ministerio de Cultura ha tenido ocho procesos judiciales y los ha ganado todos».

Según fuentes archivísticas asturianas consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, el decreto que desarrollaba la ley de Restauración abría la posibilidad de solicitar los papeles a personas físicas y jurídicas privadas pero no a las comunidades autónomas. Y se preguntan por qué. «La mayoría de los responsables de archivos históricos regionales compartimos la idea de que un archivo nacional custodie toda la documentación de la guerra civil, como venía ocurriendo, pero el Gobierno socialista ha abierto la espita. Este modo de proceder ha ocasionado que casi todas las autonomías pidan ahora sus papeles», señalan las citadas fuentes.

La dirección del Archivo Histórico de Asturias ya había alertado a finales del año 2008 a la Consejería de Cultura -entonces bajo gobierno socialista- sobre el peligro que suponía para el patrimonio documental asturiano la ley de Restitución. El investigador Policarpo Sánchez, especialista en la guerra civil, lleva semanas denunciado la «ilegalidad» de estos traslados, por no ajustarse al espíritu de la ley.