La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunció ayer la decisión de su departamento de minimizar el impacto del copago a los beneficiarios de las ayudas a domicilio. En este sentido, la Consejería ha diseñado una normativa que prevé la aplicación de medidas que incluyen la rebaja de los porcentajes que los mayores y personas dependientes pagan por estos servicios.

Según Esther Díaz, con la iniciativa se trata de reducirles a los beneficiarios el impacto de las reformas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy que entraron en vigor el pasado 1 de julio y que aumentan el copago «de forma considerable». Durante la presentación de la iniciativa, la Consejera señaló que ya en su momento había dicho que las reformas del Gobierno central perjudican a la ley de Dependencia, porque «significan más copago y menos derechos».

Las nuevas medidas, que afectan a 1.781 personas que tienen reconocida la ayuda a domicilio, podrían aprobarse el próximo octubre, para reducir, así, el incremento de la cuantía que pagar por los servicios.

Por un lado, se rebajará el tope máximo del copago, pasando del 90% del coste del servicio a pagar como máximo el 75%. A modo de ejemplo, Esther Díaz explicó que si el precio de referencia del servicio es de 15 euros por hora, con el tope del 90% el precio máximo para los usuarios sería de 13,50 euros, mientras que aplicando el 75% estaría en 11,25 euros.

Además, el Principado establecerá también un mínimo exento de 226 euros al mes para gastos personales, lo que denominan «dinero de bolsillo», con el objeto de conseguir una rebaja importante en el copago y favorecer a los que tengan ingresos más bajos.

Con la aplicación de estas medidas, Bienestar Social se propone «tapar las vías de agua para que no se hunda nuestra ley de Dependencia», comentó Esther Díaz, que defendió la apuesta del Principado por los mayores y dependientes «frente a la actitud y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy». En este sentido subrayó que Asturias quintuplicó las aportaciones del Estado. Según sus datos, en 2012, mientras que el Gobierno central aportó 22,9 millones de euros, Asturias invirtió 128 millones, y los beneficiarios pusieron 28 a través del copago.

La Consejera también hizo referencia a la carta enviada recientemente a las familias de dependientes, en la que se les comunicaba que a partir del pasado 1 de julio, y no antes, comenzaría a aplicarse la ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Rajoy. El anuncio produjo cierto revuelo entre los afectados, sorprendidos por las subidas en el coste de las prestaciones.

Sobre esto Díaz insistió en la responsabilidad de Rajoy, porque «las subidas son resultado de la aplicación de la reforma estatal». Subrayó que el Principado tardó un año en aplicar esta nueva normativa, que se hace efectiva desde el 1 de julio.

La pasada semana el representante de UGT en Siero, Carlos Carretero, comentó, alertado por los usuarios, que muchas personas se verían obligadas a disminuir o suspender el servicio a domicilio, porque «no pueden pagarlo».