El Tribunal Constitucional (TC) está a punto de dictar sentencia en torno a los dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010. Según el alto tribunal, el procedimiento "se encuentra concluso" a la espera de que se señale fecha de votación y fallo.
El TC acaba de confirmárselo al diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares. La noticia tiene trasfondo porque se especulaba con la posibilidad de que el Constitucional aplazara sine díe las discusiones sobre esos dos recursos -presentados en 2010 por el Partido Popular y por el Gobierno de Navarra- ante la cercanía de una nueva ley destinada a derogar la anterior. No va a ser así.
Llamazares había remitido el pasado 29 de enero una carta al presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, interesándose por la tramitación de esos dos recursos y le solicitaba "encarecidamente" que se "agilizara" la sentencia para evitar que se convierta en "papel mojado" si ésta llegara con posterioridad a la aprobación de la nueva ley.
En paralelo, el Gobierno de Asturias envió ayer al central un contundente informe en el que expresa "su rechazo frontal" a la llamada "ley antiaborto". Una ley que, a juicio del consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, quien se encargó de defender el informe asturiano ayer, "vulnera la capacidad de decisión de la mujer y coarta su libertad sexual y reproductiva".
Asturias pone sobre la mesa algunos datos a modo de argumento. En 2012 un 52% de las mujeres que recurrieron al aborto en la región tenía hijos a su cargo, un 44% no disponía de trabajo remunerado, un 30% no estaban emancipadas y vivían en la casa familiar paterna y un 28% eran mujeres inmigrantes.
La malformación fetal
El informe asturiano le recuerda al ministro Ruiz-Gallardón que "existen evidencias de que ni la prohibición ni la regulación inciden de forma apreciable en la cantidad de abortos que se practican", pero añade que una ley restrictiva sí afecta a las condiciones en las que se llevan a cabo, con claro perjuicio de las clases menos favorecidas.
Asturias envía el informe a petición del propio Ministerio de Justicia, que prefirió esa fórmula para evitar una convocatoria interterritorial con los consejeros de las diecisiete autonomías, una alternativa bastante menos cómoda para el Gobierno y el PP, que tiene en sus filas no pocos críticos con la reforma.
La decisión del Gobierno central de "no incluir entre los supuestos despenalizados el aborto por malformaciones fetales" es atacada desde Asturias porque "aumenta el sufrimiento de las mujeres, dilata innecesariamente una situación dramática y puede provocar graves repercusiones psicológicas, económicas y sociales en las familias afectadas". Un 85% de los españoles desea que la ley permita la interrupción del embarazo en caso de malformación congénita del feto, según una encuesta publicada ayer por un diario nacional. Un 84% rechaza que se permita abortar a las menores sin consultar antes con sus padres, como prevé la ley vigente.
