La crisis de refugiados y la amenaza terrorista sacudieron este año los cimientos y valores de la Unión Europea (UE), cuya falta de unidad y respuesta común puso en peligro pilares esenciales como el espacio sin fronteras Schengen.

Cuando los Veintiocho parecían entrar en una fase más tranquila tras ocho largos años de profunda crisis económica, se vieron confrontados con una nueva realidad: la llegada masiva de personas a Europa, primero a través del Mediterráneo central y luego por rutas alternativas como la de los Balcanes occidentales.

Tras una primera fase en la que algunos socios comunitarios se desentendieron del problema, que consideraban más italiano o griego que europeo, el fenómeno mutó de crisis de inmigrantes irregulares a crisis de demandantes de asilo que huían de zonas en conflicto, principalmente de Siria, Eritrea y Afganistán.

La creciente presencia de grandes grupos de indocumentados en países del centro y norte de Europa desató todas las alarmas acerca de que algo no se estaba haciendo bien en los puntos de entrada a la UE, donde en teoría debía registrarse a todos los recién llegados.

Los Estados miembros aceptaron entonces repartirse en el plazo de dos años a 160.000 de los solicitantes de asilo presentes en Grecia e Italia, a condición que estos dos países garantizasen la identificación y toma de huellas dactilares e impidiesen el avance clandestino y desordenado de todas estas personas hacia otros países de la UE.

La eficacia de ambas medidas aún está por ver. Los centros de registro evolucionan lentamente y la reubicación de refugiados no ha llegado por el momento ni a las 200 personas, cuando debería superar una media de 6.000 al mes para cumplir con el objetivo.

Alemania, Austria, Eslovenia, Suecia y Noruega reintrodujeron controles temporales en sus fronteras, una posibilidad excepcional prevista en el Código de fronteras Schengen, pero igualmente sensible, mientras que otros como Hungría optaron por medidas más drásticas como el refuerzo de las vallas fronterizas en sus límites con Serbia y Croacia.

Ante la evidente fractura entre socios comunitarios y el riesgo de que se quebrase un pilar tan fundamental del proceso de integración comunitaria como la libre circulación de Schengen, la UE decidió completar su respuesta más inmediata con un proceso más a largo plazo.

Negoció planes con África y Turquía para organizar mejor los flujos migratorios hacia Europa y contener la llegada masiva de personas, a cambio de poco más de 1.800 millones de euros y 3.000 millones, respectivamente.

El bloque comunitario comenzó asimismo a dar pasos para reforzar los controles en sus fronteras exteriores y hacer más efectivos los procesos de repatriación a su país de origen de los inmigrantes irregulares sin derecho asilo.

Atentados terroristas

Los atentados del 13-N en París, que dejaron 130 muertos y 350 heridos, añadieron una presión adicional a la supervivencia de Schengen.

Por un lado, algunos políticos aprovecharon el hecho de que uno de los terroristas utilizase un pasaporte sirio falso para lanzar sus proclamas contra la llegada de refugiados a Europa.

Por otro, quedó claro que el sistema de intercambio de información de Schengen no funciona como debería y que la falta de cooperación entre los servicios de inteligencia nacionales de los Veintiocho se está convirtiendo en un problema para hacer frente a esta nueva forma de terrorismo integrista.

Varios de los terroristas que se suicidaron en París, así como Salah Abdeslam, en busca y captura por su supuesta vinculación con los ataques, eran viejos conocidos de Bélgica, que ha sido duramente criticada por su falta de eficacia y cooperación con las autoridades francesas tras los ataques.

El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, propuso acabar con esta situación con la creación de una agencia europea de inteligencia, al estilo de la CIA en EEUU, una idea que ha respaldado el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, pero a la que se han mostrado reticentes países como Alemania.

Schengen, en el aire

Por el momento, los países de la UE solo se han comprometido a trabajar para mejorar el intercambio de información y a reforzar los controles en las fronteras exteriores de Schengen, también a los ciudadanos comunitarios, a los que se podrán someter a chequeos adicionales de su identidad, una medida que por el momento no tiene carácter obligatorio.

La CE ha aceptado, aunque sin fecha concreta, presentar una revisión del código de fronteras Schengen para permitir las comprobaciones sistemáticas de ciudadanos de la UE, incluidas inspecciones de la información biométrica y cotejo con las bases de datos pertinentes para determinar si el pasaporte que portan es robado o pertenece a un sospechoso de haberse radicalizado.

En el aire queda si esta revisión será suficiente para evitar que el área Schengen acabe de resquebrajarse.