Los profesores del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner" de Oviedo y los miembros de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) se unen contra la aplicación "extrema" que hacen los servicios jurídicos y administrativos del Principado de Asturias de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública. Una circunstancia que, en la práctica, supone la total imposibilidad de compaginar su actividad profesional dentro de esos organismos con cualquier otra iniciativa vinculada a la música, sea remunerada o no.
Representantes de ambos colectivos se reunieron ayer, en asamblea, en el Conservatorio ovetense, en la que además de esa unión de facto para negociar con la administración acordaron pedir una declaración de Interés Público de sus actividades, y plantear sus demandas ante la Consejería de Hacienda, toda vez que tres años de negociaciones con la Consejería de Educación y Cultura "no han servido para nada".
Aunque esta problemática viene de atrás, los músicos denuncian que en los últimos meses se ha "recrudecido" el control de la administración, que ha llegado a expedientar a diversos profesionales, de uno y otro ámbito, por colaborar con otras orquestas, dar conferencias e, incluso, grabar discos. Una situación incomprensible para los músicos, que consideran que sus actividades entran dentro de una de las excepciones que contempla la Ley de incompatibilidades: la de la producción creativa
"Para la administración, escribir un libro es una actividad creativa, pero grabar un disco no lo es", lamentan los músicos, que de hecho ponen un caso completo: el de un músico de la OSPA al que se ha expedientado recientemente por grabar tres discos. "Están entrando a saco en la vida privada, no podemos dar clase ni a nuestros hijos. Sufrimos una incompatibilidad absoluta", lamentaba ayer, en la asamblea, un concertista de la Sinfónica.
Según denuncian docentes y concertistas, la situación se ha agravado en los tres últimos años, en los que han proliferado los expedientes. Paradójicamente, estos procesos son sistemáticamente archivados una vez que se derivan a los tribunales, pero eso no evita que la administración autonómica rechace, e incluso persiga, estas prácticas. Una problemática, señalan, que es exclusiva de Asturias y que no se da en otras Comunidades Autónomas.
"Hay un muro administrativo que no podemos superar", lamenta Manuel Paz, una de las cabezas visibles del colectivo, y miembro del equipo que, en los últimos tres años, ha negociado con el Principado para encontrar una solución. A ojos de los músicos, este "muro administrativo" se debe a las repercusiones del caso "Marea", que destapó una trama corrupta en el seno de la Consejería de Educación y Cultura. "Ese caso disparó, de manera superlativa, los controles a nivel técnico", explica Paz, que lamenta que, con esta aplicación "extrema" de la ley, "se están cercenando carreras e iniciativas culturales".
