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Los padres deben poner "bajo custodia" el móvil de sus hijos, dicen los jueces

La Asociación Contra el Acoso reclama el veto de los teléfonos en los colegios asturianos

Hay coincidencia entre jueces y la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACAE) de que se deberían prohibir los teléfonos móviles en centros escolares o vigilar sus contenidos. Es la visión que defiende el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplificantes, que está a favor de que los padres "violen" la intimidad de sus hijos y accedan a los contenidos de sus teléfonos.

El magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de Asturias Ángel Campo es contundente ante la problemática, tanto en el uso de redes sociales como móviles por menores. "Hasta los 14 años no se debería tener móvil, pero la realidad social va en contra de eso porque produce un aislamiento a los chavales", afirma. "Y en las redes sociales debería ser a partir de los 16 años. Aún más, yo abogaría por la mayoría de edad", matiza el magistrado, que fue juez de familia en Gijón durante más de una década. Ángel Campo añade que, por mucho que se regule por ley, un joven puede entrar y cambiar la edad en su perfil. "Hay que buscar sistemas para que se identifiquen con DNI en esas redes sociales. Con eso se sabe si tiene la edad o no". Y añade una reflexión: "Sí, queremos proteger a los menores, pero también queremos que no nos den problemas".

Respecto a entrar en la intimidad de los hijos para revisar sus móviles, el juez entiende que no se está violando nada. "Se está protegiendo el derecho de los padres a proteger a los hijos. Es un tema resbaladizo. Por eso hay que regular mejor. Para unas cosas queremos hacer a los menores adultos y por otro lado se les deja hacer". El magistrado cree que se puede resolver y que no se trata de un imposible, de poner puertas al campo de las nuevas tecnologías. "Si no se permitiese saltarse los límites legales, no habría problemas. Eso pasó con el alcohol, pero con más redadas y más controles se resuelve. Hasta que no se sanciona no se aprende", argumenta el juez Ángel Campo.

El magistrado tiene muy claras las causas. "Yo veo que en la primera comunión se les compra el último modelo de móvil, se le da un móvil de última generación a críos con 9 u 8 años. Ése es el quid de la cuestión. Es fácil acabar con estos problemas, pero no se quiere. Se trata de limitar a los niños, pero eso no es políticamente correcto. Es difícil, pero se puede hacer. Lo fácil es decir a los niños que les dejas el móvil las 24 horas. Hay que limitar el uso, y la manera de que no lo usen es quitárselo, tenerlo bajo custodia", afirma el magistrado de la Audiencia.

Encarna García, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACAE), tiene una opinión similar, aunque con matices. Respecto a lo móviles dice que lo que hay que hacer es tomar ejemplo del director de un instituto de Lérida que prohibió el teléfono en primero y segundo de la ESO y les fue muy bien. "Y nadie está protestando. De hecho están pensando en prohibirlo en todo el instituto. En Asturias eso funcionó un tiempo y luego lo quitaron", desvela. Encarna García apunta a la permisividad familiar y pone de ejemplo, al igual que el juez Campo, los obsequios en las comuniones. "Regalan móviles, pero móviles carísimos a niños de 9 o 10 años. No sabemos lo que ponemos en sus manos". Y añade: "Yo soy partidaria de la prohibición absoluta en los centros escolares, públicos y concertados. No soy partidaria de prohibir porque sí, pero los padres tienen que educar y controlar lo que están haciendo los hijos. Es una herramienta peligrosa".

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Ángel Aznárez tiene otra visión, aunque coincide en la vigilancia de los padres. "Las nuevas tecnologías usadas adecuadamente son positivas, pero muy malas cuando se hace desordenada y de manera obsesiva. Si se causa un mal a terceros, hay obligación de responder. Cuando se lo hace a sí mismo, allá él, pero si es a terceros no puede quedar impune, incluso con herramientas usadas por menores".

Ahora bien, Aznárez ve lo complicado que es controlar estas cosas. "Es sabido que frenar a los hijos en sus pretensiones es muy difícil. El problema es que están en fase de formación y la paternidad es difícil. No obstante, no es admisible la postura de padres y profesores". Se refiere el magistrado a esas vieja tesis del "yo no puedo con ello". "Eso no es admisible. Los menores no disciernen el mal, ni si causan un mal. Y cuando esto ocurre hay que repararlo".

Coincide con el resto de consultados en la permisividad de los padres al respecto. "Hay que rechazar las posiciones de los padres. Les dan a los hijos todo tipo de instrumental. Hay que vigilar el contenido de los móviles. Es una exigencia que lleva la patria potestad, no es una intromisión. Es la responsabilidad de los padres, no del menor. Los padres tienen derecho a vigilar porque si producen un mal tienen que resolver con su patrimonio. Usted me insulta, le pido responsabilidades. Lo que nadie se atreve a decir a la cara se dice por internet y de forma anónima", explica Aznárez. Ahora bien, no es nada partidario de prohibir, porque "las posturas prohibitivas no conducen a nada, conducen al fraude". Y añade: "Serían tantos los que violaran la prohibición que finalmente sería un cachondeo. Las empresas tienen responsabilidad y no pueden admitir contratos de menores. Ya digo, si uno causa un mal a otra persona tiene que repararlo. Además, debe aprender a distinguir el daño a sí mismo con el daño social", concluye el magistrado.

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