Ley del Principado de Asturias 1/2001, de Patrimonio Cultural, artículo 31: "En el caso de que el requerimiento para el cumplimiento del deber de conservación no sea atendido, las administraciones competentes procederán o bien a su reiteración o bien, cuando la urgencia en la adopción de las correspondientes medidas lo aconseje, a ejecutar subsidiariamente las medidas que procedan, con cargo, en todo caso, a los responsables de la conservación del bien". Este artículo, esta potestad que la Ley de Patrimonio otorga a las administraciones públicas para hacer las obras necesarias para conservar un inmueble y pasarle la factura al propietario, se diría diseñado para ser el arma definitiva en la defensa de los bienes patrimoniales, pero en realidad se trata de un arma invisible, casi podría decirse que inocua. Porque, en los casi dieciséis años que han pasado desde la aprobación de la ley, nunca se ha aplicado.
Así lo reconoce la propia Consejería de Cultura. "No ha habido que ejecutar obras subsidiarias, no ha hecho falta llegar a ese extremo", aseguran fuentes de la consejería. Desde los colectivos que defienden los bienes patrimoniales, no obstante, tienen una visión diferente de la cuestión: para ellos, no sólo es necesario actuar, sino que en algunos casos es urgente.
Quizás el ejemplo más ilustrativo sea el palacio de la Torre de Celles, un inmueble de propiedad privada que goza de la máxima figura de protección que contempla la legislación, merced a su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, Podemos reclamó dos semanas atrás, en el marco de la Comisión de Educación y Cultura de la Junta General del Principado, que se explorase la posibilidad de acometer una ejecución subsidiaria. Una cuestión sobre la que el consejero, Genaro Alonso, no se pronunció, pese a reconocer que el palacio sierense está "abandonado".
No es esta, sin embargo, la primera vez que se plantea activar la vía de la ejecución subsidiaria para este inmueble, joya del barroco astur. "Venimos pidiéndolo hace tres o cuatro años", sostiene Carmen Blanco, presidenta de la Asociación de Vecinos "San Juan Bautista" de Celles. Un colectivo que, desde 2007, se ha distinguido en la defensa del palacio.
En estos años, la Torre de Celles ha sufrido un deterioro constatable, especialmente en su cubierta. "El edificio se va a caer, y se va a caer la fachada principal. Ya no hay cubierta en toda esa zona. Las administraciones se han tirado la pelota unas a otras muchos años, y nadie ha hecho nada", lamenta Blanco, que sólo encuentra una salida para salvar el edificio: "Es necesario actuar, y hay que hacerlo de forma urgente".
Al igual que pasa con la Torre de Celles, en la región hay otros palacios barrocos que sufren un deterioro importante e, incluso, están en riesgo de ruina, bien porque sus propietarios no pueden asumir el coste de su mantenimiento, bien porque no quieren hacerlo. Varios de estos inmuebles, de hecho, figuran en la "Lista roja del patrimonio", en la que la asociación Hispania Nostra inscribe aquellos bienes patrimoniales en riesgo de desaparecer. En esa lista figuran en la actualidad 18 inmuebles, entre ellos la Torre de Celles y varios inmuebles de titularidad eclesiástica, que precisan de una actuación urgente. La ausencia de intervenciones ha dado lugar a situaciones tan extrañas como la de la antigua fábrica de cervezas de El Águila Negra, en Colloto. En el año 2002, el Ayuntamiento de Siero firmó un acuerdo con una empresa, Gestión Nora, por la cual se permitía el desarrollo de un polígono industrial a cambio de la rehabilitación del edificio principal de la factoría.
Esta obra nunca se llevó a efecto, lo que ha derivado en un prolongado enfrentamiento judicial entre la empresa y el consistorio. Lo chocante es que, entre los alegatos de la defensa de Gestión Nora, se afea al consistorio, precisamente, el no haber aplicado una ejecución subsidiaria, pese a haber amenazado con ello en 2010.
La elevada cuantía de estas actuaciones (la rehabilitación del Águila Negra se estima en cerca de tres millones de euros), las trabas administrativas o el temor de las administraciones a abrir una puerta que, en un futuro próximo, podría obligarles a intervenir sobre otros inmuebles son algunas de las causas que pueden explicar las reticencias a la hora de aplicar la ejecución subsidiaria. Pero el primer caso de aplicación de esta figura podría estar próximo.
El pionero podría ser el Ayuntamiento de Aller, que ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio un informe técnico para activar una intervención sobre la Torre de Soto, un edificio cuyo origen se remonta al siglo XI y que cuenta asimismo con la catalogación de BIC. "Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para salvar la Torre, no podemos dejar que se pierda", asegura David Moreno, alcalde de Aller.
La implicación del Ayuntamiento con la conservación de la Torre de Soto es tal que incluso se cuenta con una partida, de 60.000 euros, para las ejecuciones subsidiarias. "Las administraciones ya pueden aplicar esta figura en edificios convencionales, así que en un BIC, pues con más motivo. Obviamente, no vamos a meternos en una gran obra de rehabilitación: nuestra intención es simplemente garantizar la supervivencia del edificio", explica Moreno, quien asegura no tener miedo a posibles recursos judiciales por parte de los propietarios: "La ley es muy clara".
