Un error de interpretación obligará al Principado a devolver unos seis millones de euros a los herederos de personas dependientes que residían en geriátricos públicos y que pagaron de más por la deuda contraída durante los años de estancia en dichos centros. Este cálculo, todavía provisional, ha salido de la auditoría realizada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ante las múltiples reclamaciones recibidas durante el pasado ejercicio.

El problema surgió porque el decreto por el que se regulaba el copago en la Ley de Dependencia se refería a los usuarios, lo que se interpretó como personas vivas, con lo que quedaban fuera de su aplicación los fallecidos antes de enero de 2011 que tuvieran reconocida la dependencia. Pero además, la Administración dio dos opciones de pago a los dependientes que vivían en geriátricos públicos: el modelo antiguo, por el que abonaban al mes íntegramente el coste del servicio, o bien mediante el copago. "Un error, porque no se puede dar a escoger entre dos modelos que no son homogéneos. Al realizar la auditoría se vio que el copago resultaba mucho más beneficioso al usuario que el sistema tradicional", explicó la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela en su comparecencia de ayer, solicitada por ella misma para explicar el nuevo decreto que regulará los abonos en las residencias públicas para los dependientes.

El Principado revisó un total de 3.376 expedientes de usuarios residentes en geriátricos públicos y afectados por la revisión de la Ley de Dependencia. De ese total, 585 residentes viven y ya se ha revisado su situación, aplicándoseles el copago. Otros 453 expedientes corresponden a fallecidos de los que aún no se ha trasladado la cuantía final a sus herederos, y el resto, 2.338, son el global del conflicto, ya que se les ha liquidado por encima de la cuantía que se les tenía que aplicar con el copago.

"Algunos ya han pagado, y si se les ha cobrado 20.000 y son 15.000, el Principado les devolverá los 5.000 que abonaron de más. Y a los que no han pagado se les enviará una carta en la que conste la primera liquidación y la nueva, que será inferior", explicó Varela. A finales de verano el Principado espera haber comunicado a todos la nueva cuantía, y tendrán seis meses para confirmar toda la información o aportar nueva que pueda influir en el cálculo. A partir de ahí se hará la liquidación definitiva.

La Consejera incidió en que el Gobierno regional ha preparado un nuevo decreto para que se aplique el copago en cualquier caso y a cualquier persona que tenga reconocida la dependencia. Dicho decreto está en consulta previa y el 17 de marzo se someterá a información pública para la fase de alegaciones. La idea es que el consejo de gobierno lo apruebe a finales de julio, se publique en el BOPA y entre en vigor 20 días después.