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Gestación subrogada, un lío padre

La regulación de los "vientres de alquiler" en España rompe las costuras ideológicas, capta defensores en la derecha y detractores en la izquierda

Ciudadanos ha abierto un debate que ha hecho saltar todas las costuras ideológicas en España: la legalización de la gestación subrogada. Grupos sociales, instituciones y partidos habitualmente enfrentados comparten ahora la misma postura sobre este método reproductivo que consiste en que una pareja concierta con una mujer la gestación de un embrión previamente fecundado en el laboratorio. El debate es tan peliagudo que también ocurre al revés: tradicionales aliados, como el colectivo gay y las feministas, están ahora claramente enfrentados. Los homosexuales reclaman la legalización (especialmente los hombres), las feministas la rechazan. Porque al hablar de la gestación subrogada, cada uno es de su padre y de su madre. En un debate tan poliédrico el consenso parece imposible.

El partido de Albert Rivera es el único que lo tiene claro. Quiere aplicar en España el modelo de gestación subrogada de Canadá. Allí las mujeres que lo deseen pueden ceder sus vientres para gestar, y el proceso se realiza en la sanidad pública. Reciben compensación económica: todos los gastos derivados del embarazo corren de cuenta de quienes quieren ser padres.

Se supone que la gestación subrogada debería ser patrimonio de las fuerzas progresistas, pero hay dirigentes del PP, como Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre que apoyan su legalización. El partido de Rajoy, aunque llevó el asunto a su reciente congreso, decidió aplazar el asunto a la espera de un "debate serio". Como hace su líder, prefirió dejar que el tiempo fuera obrando. Lo mismo, jugar con esa fructífera indefinición "rajoyana", hace Podemos, que no quiere enemistarse ni con feministas ni con homosexuales.

El PSOE está en contra, y en esto coincide con los obispos españoles y con los grupos feministas. El argumento básico es que se produce una mercantilización y una explotación del cuerpo de la mujer. Con la gestación subrogada se avala, dicen, un negocio en países como la India en el que los intermediarios se llevan el 80 por ciento. El PSOE rechaza de totalmente que medie una compensación económica. La responsable de Igualdad de los socialistas, Soraya Vega, ha asegurado: "El uso que se está haciendo del cuerpo de las mujeres en otros países es una forma más de explotación".

Nadie parece ponerse de acuerdo. En el plano jurídico tampoco. Los opositores indican que es el parto el que marca la filiación de los hijos. Por tanto, la persona gestante será la verdadera madre. Además, según este argumento, rige el principio de "indisponibilidad del cuerpo humano". Es decir, con un bebé no cabe hacer transacción alguna.

Ahora mirémoslo desde el otro lado. Los defensores subrayan que el derecho a procrear forma parte de los derechos fundamentales de la persona y esta técnica, dicen, puede ser en algunos casos la única manera de ejercer ese derecho. Además, se vela por el interés del niño. Todos salen beneficiados: el bebé llega a una familia que lo desea y la madre de alquiler recibe una compensación económica y ayuda a otras personas.

La gestación subrogada es un concepto escurridizo. Ni siquiera hay acuerdo con el nombre. Los que así la llaman rechazan por "amarillista" el concepto "vientre de alquiler" y aseguran que ese término estigmatiza a los niños nacidos mediante este método. Por contra, y este es un argumento utilizado por los grupos feministas como el que promueve el manifiesto "No somos vasijas", hablar de "gestación subrogada" es un eufemismo que esconde una cosificación de la mujer.

Ciudadanos, el partido que ha abierto esta caja de los truenos, ha asegurado a través de su líder, Albert Rivera, que aspiran a que la gestación subrogada se pueda realizar en España de forma "altruista, regulada y garantista". Lo que sí es indiscutible es que, legal o no, cada día hay más parejas españolas (no todas homosexuales) que acuden a este tipo de gestación en el extranjero. Se estima que cada año llegan a España unos 1.000 bebés nacidos por este sistema, al tiempo que las adopciones internacionales se han desplomado un 72% en los últimos cinco años. Ya hay más niños fruto de la gestación subrogada que adoptados. A falta de una ley que les permita nacer en España, se les concede la inscripción en el registro civil siempre que hayan nacido en un país donde esta práctica sea legal, si un progenitor es español y si tiene una resolución judicial.

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