Xosé Antón González Riaño (Viella, Siero, 1956) sucede a Ana Cano como presidente de la Academia de la Llingua Asturiana. Profesor titular del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, González Riaño había sido vicepresidente de la institución los últimos cuatro años y obtuvo el respaldo unánime de los académicos para suceder a Cano, que no se presentó a la reelección tras completar su cuarto mandato.
- Usted fue vicepresidente con Ana Cano este último mandato, ¿una sucesión lógica?
-Sí. Ana (Cano) nos comentó a algunos de nosotros, ya cuando se celebraron las últimas elecciones, que éste iba a ser el último mandato. Ana Cano aportó una gran seriedad, un enorme prestigio -porque es una universitaria con prestigio a nivel español e internacional incuestionable-, una enorme capacidad de trabajo, de sacrificio, y una gran generosidad. Y después una cuestión que hay que subrayar: su convicción en la defensa de la llingua y la cultura de Asturias.
- El relevo se produce además tras superar una crisis importante a cuenta de la aplicación de la ley de Academias, ¿está superada?
-Para nosotros fue una cuestión imprevista, nos sorprendió que se cuestionase el estatus público de la institución. Eso generó cierta crisis con la Consejería de Educación que, en este momento, estamos intentando superar, por las dos partes. Ellos tienen un proyecto para solucionar, definitivamente, el estatus administrativo de la Academia, y tienen además una posición mucho más clara porque hay un informe de la Intervención General del Principado que plantea explícitamente que la Academia de la Llingua pertenece a la Administración pública corporativa del Principado. Creemos que se va a solucionar y que va a ser un elemento de distensión en la relación con la Consejería.
- El reto mayor, cara a su mandato, sigue siendo la oficialidad...
-Efectivamente. El límite que nos marcamos como institución es hacer posible que, cuando llegue la oficialidad, el idioma esté perfectamente codificado y normativizado. Partimos de la idea de que en este momento ya sería posible un empleo oficial de la llingua asturiana equiparable a la situación de los gallegos, los valencianos, los baleares, los vascos, los navarros o los araneses.
- ¿Cuánto costaría?
-Habría que distinguir entre dos ámbitos. El más amplio sería el de la escolarización en todos los niveles educativos no universitarios, que andaría alrededor de los 20 millones de euros. Y luego estarían las medidas de normalización social, que andarían alrededor de los seis millones de euros. Optimizando recursos en el sistema educativo, la puesta en práctica de una oficialidad andaría alrededor de los veinte millones de euros.
- ¿Anuales?
-Sería una inversión anual. Eso representa el 0,5% del Presupuesto del Principado. Y no sería una inversión a fondo perdido: esa inversión tendría una repercusión y se iba a recuperar en parte, porque alrededor de una lengua oficializada hay una serie de industrias: editorial, discográfica, relacionada con las nuevas tecnologías, etcétera.
- Hay cierto temor, entre algunas administraciones locales, al coste que tendrían que asumir...
-Creo que ése es un temor infundado. Cualquiera puede entender que si hay una oficialidad digamos barata y fácil de llevar en la práctica es en la situación de Asturias. Tiene un millón de habitantes nada más, es una comunidad uniprovincial, no tiene diputaciones, nada más tiene un Parlamento, una sola Universidad... todo lo que complica administrativamente los procesos de oficialidad en Valencia o Galicia -con varias provincias, diputaciones y universidades-, en Asturias se simplifica enormemente. Por eso la oficialidad más barata y más sencilla de poner en práctica es la oficialidad en la situación de Asturias. Y sería muy importante desde un punto de vista cultural y social, y revertiría positivamente en elementos de cohesión y dinamización social. Una política lingüística de oficialidad inteligente puede hacerse con muy pocos recursos económicos, prácticamente simbólicos a nivel municipal.
