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La división política y social frena la opción de legalizar los vientres de alquiler

El debate sobre la gestación subrogada llega a Asturias con alianzas inéditas de feministas, comunistas e Iglesia católica para rechazarla

Cristiano Ronaldo, en una de sus primeras apariciones públicas con sus tres hijos: Cristiano Ronaldo Junior, Eva y Mateo. INSTAGRAM

Cristiano Ronaldo presentaba días atrás a sus dos nuevos hijos a través de su cuenta de Instagram: los mellizos Eva y Mateo, nacidos fruto de un tratamiento de maternidad subrogada. Las críticas no se hicieron esperar. El actor y activista Willy Toledo comentó la fotografía a través de Twitter: "Estos son los dos seres humanos que se ha comprado esta familia. Ya no hay nada que un rico no pueda comprar", expresaba.

En 2010 el futbolista tenía a su primer hijo mediante esta técnica, entrando así en la larga lista de famosos que recurren a madres de alquiler para tener hijos. Ahora, por primera vez en España se contempla la posibilidad de aprobar una ley que regule la gestación subrogada. Una propuesta que divide a los partidos políticos y a los colectivos sociales, hasta el punto de crear inesperadas alianzas.

Ciudadanos ha sido el partido encargado de elaborar el proyecto de ley y llevarlo ante el Congreso de los Diputados el pasado 27 de junio. A priori, la propuesta no tendrá mucho recorrido. Podemos e Izquierda Unida han mostrado una oposición frontal a una práctica que, entienden, supone una mercantilización del cuerpo de la mujer. También el PSOE rechaza esta práctica, una posición adoptada tras el retorno de Pedro Sánchez. En el caso del PP, se ha comprometido a estudiar la propuesta, aunque su portavoz, Rafael Hernando, incide en que su partido es contrario a que se pueda usar "de forma mercantil el vientre de una mujer".

Mientras el Congreso se prepara para debatir el proyecto de ley, presumiblemente en septiembre, diferentes colectivos mantienen un intenso debate paralelo: los grupos que más se oponen a la maternidad subrogada son los colectivos feministas y la Iglesia católica. Las primeras reclaman que este modelo de reproducción asistida es algo que vulnera la integridad física y moral de la mujer. Begoña Piñera, presidenta de la Tertulia Feminista "Les Comadres" asegura que "el dinero no puede comprarlo todo, y no se pueden comprar personas". La plataforma, que aboga por la lucha por los derechos, considera que "la paternidad no es un derecho, sino un deseo", y que este modelo de reproducción favorece a las clases más ricas de la sociedad. Desde el Arzobispado de Oviedo señalan que la Iglesia católica se manifiesta en contra de esta práctica, al considerar que supone la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

La ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, vigente en España desde 2006, prohíbe el ejercicio de esta actividad y considera como nulo el contrato según el cual una mujer renuncia a la filiación del bebé gestado a favor de un contratante.

Según informaciones de la Oxford Academic, el 80% de las personas que recurren a esta técnica son heterosexuales, frente al 20% de parejas del mismo sexo. Sin embargo, uno de los colectivos que más se están viendo afectados es el LGBTIQ, que recibe muchas críticas por parte de grupos con los que mantienen una alianza histórica. Blanca Esther Aranda, de la Federación de Mujeres Progresistas, asegura que "es el colectivo gay el que ejerce la presión mediática, aunque en su mayoría se beneficien parejas heterosexuales". Y añade: "Se trata de una moda perversa apoderada por el dinero y el poder. Y eso es peligrosísimo".

La coordinadora de la asociación Xente Gai Astur, Yosune Álvarez, asegura que ese tema no es una de las prioridades de la organización, y dice: "Es injusto que se cargue al colectivo gay todo lo que tiene que ver con este tema, no puede ser que un partido político lance una ley sin contar con los agentes sociales implicados".

La colaboradora televisiva Tamara Gorro, una de las grandes defensoras de la gestación subrogada en España, protagonizó días atrás una polémica a través de Twitter con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, a raíz de un tuit en el que el político calificaba esta práctica como "un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en 'incubadoras' para los ricos". "Infórmate un poquito antes de hablar, porque así os va... El mayor porcentaje de las personas que recurren a este método piden créditos", respondió, airada, la tertuliana, que apoya abiertamente el proyecto de ley de Ciudadanos.

En la propuesta de la formación de Albert Rivera existe una serie de requisitos que se deben cumplir para poder llevar a cabo el proceso. Uno de los puntos clave es la faceta altruista con la que se plantea la ley, prohibiendo el cobro por parte de las gestantes, aunque sí cabe la posibilidad de que reciban una remuneración económica por los gastos que suponen el embarazo y el parto.

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