Malasia se ha convertido en el primer país del mundo en legislar contra las llamadas "fake news", las noticias falsas, la desinformación. El parlamento malayo, donde la democracia es un asunto más bien nominal, acaba de aprobar una ley que castiga con penas que pueden llegar a los 6 años de prisión a quien difunda "cualquier noticia, información, datos e informes que sean total o parcialmente falsos, ya sea por escrito, visual o grabaciones de audio". No sólo se castigará al autor de la trola, también a las plataformas digitales que sirvan para difundirlos. Cualquiera puede denunciar al mentiroso y activar una ley que también puede aplicarse también a las noticias falsas generadas en el extranjero pero que afecten a los malayos.
A primera vista, incluso podría felicitarse al gobierno encabezado por el primer ministro Najib Razak. Por fin alguien actúa contra uno de los grandes males de la democracia en el siglo XXI. Ahora que se da por hecho -aunque no hay estudios definitivos- que fue la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales la que llevó a Trump al Despacho Oval y a que una mayoría de británicos votaran a favor del "Brexit". Una encuesta elaborada por el Eurobarómetro entre 3.000 ciudadanos de la UE reveló que el 83% de los encuestados cree que las "fake news" son una amenaza real contra la democracia.
¿Pero tomar medidas legales contra la desinformación puede ser también un ataque contra el sistema democrático? En el caso de Malasia parece evidente que sí. Cuando "The New York Times" informaba hace días sobre la legislación pionera en este país asiático no se olvidaba de recordar que la nueva ley llega justo ahora que llueven acusaciones de corrupción contra el primer ministro malayo. El Departamento de Justicia de EE UU sostiene que los socios de Razak malgastaron 3.500 millones de dólares de un fondo de inversión y ha encontrado que 731 millones de ese fondo fueron a parar a cuentas bancarias controladas por Najib Razak. Si sumamos ese detalle a que, a finales del mes pasado, el viceministro de Comunicaciones dijo que considerarían una noticia falsa cualquier información sobre ese asunto que no haya sido verificada por el gobierno malayo, se hace más evidente que en este caso legislar contra las "fake news" es legislar contra la libertad de prensa.
Así lo han visto también en India, cuyo primer ministro, Narendra Modi, bajo una tormenta de críticas en la prensa, acaba de dar marcha atrás a toda máquina en la aprobación de una ley que castigaría con la retirada de su acreditación profesional a cualquier periodista "considerado culpable de redactar o difundir noticias falsas".
El impacto de las "fake news" está desatando una cierta fiebre legislativa en algunos países -Filipinas prepara una legislación similar e Irlanda quiere criminalizar el uso de perfiles falsos (bots)- pero ya hay quien ve en esto el renacer de la censura. "Las noticias falsas son un concepto resbaladizo. ¿Quién decide qué es falso? ¿Y cómo manejamos la distinción entre hechos y opinión?", se pregunta en la prestigiosa publicación académica "The Conversation" Sandeep Gopalan, profesor de leyes en la Deakin University de Australia. "La regulación convertiría potencialmente a los jueces en verificadores de datos de millones de noticias o publicaciones en las redes sociales. Reemplazar a los jueces por burócratas podría mejorar la eficiencia, pero esto generaría un estado de censura", añade este experto.
Por el momento, la Unión Europea no recomienda una legislación contra las "fake news". Un papel de expertos convocado por la Comisión Europea para dictaminar sobre la "desinformación" -prefieren utilizar esta palabra- dictaminó que la mejor manera de acabar con la difusión propagandística de embustes era una promoción de la lectura de los periódicos, "salvaguardar la diversidad y sostenibilidad de los medios de comunicación", exigir a plataformas digitales como Google, Facebook o Twitter que adopten un código de buenas prácticas, que den más visibilidad a las noticias fiables y que sean transparentes: que expliquen cómo funcionan los algoritmos que seleccionan la información. En resumen, autorregulación.
Pese al dictamen de este grupo de expertos, hay países como Francia que sí están dispuestos a legislar contra la nueva propaganda digital. Al menos durante los periodos electorales y preelectorales. La normativa gala prevé imponer a las plataformas digitales una serie de "obligaciones de transparencia reforzadas" para que se conozca la procedencia de la información difundida en Internet. Sin llegar al nivel de Malasia, se proponen penas de hasta un año de cárcel y 75.000 euros de multa si las plataformas digitales no cumplen con esos criterios de transparencia.
También en este caso surgen voces discrepantes sobre la facilidad que tienen estas leyes para acabar con la libertad de expresión. Harlem Desir, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), indicó al diario "El País" que por causa de esta normativa los operadores "pueden acabar suprimiendo un contenido más amplio de lo que probablemente un juez habría considerado ilegal". Y además, indicó, la responsabilidad de retirar un contenido se traslada desde los jueces "a una organización privada que a su vez la transfiere a los ordenadores".
