La "denuncia automática" para proteger a las víctimas de malos tratos no se puede llevar a cabo por culpa de los recortes en el pacto de Estado contra la violencia machista. Esta medida está pensada para que el informe del personal de Servicios Sociales o de las instituciones de ayuda a la mujer sea suficiente para activar el mecanismo de ayuda legal a una mujer maltratada, sin necesidad de que ella denuncie a su agresor. La falta de inversión en las autonomías, tras la rebaja del presupuesto de 200 a 80 millones de euros, no permite poner en marcha la red necesaria para poner en marcha esta medida, una de las casi 60 bloqueadas por falta de financiación.
La prevención y la detección precoz de casos de violencia machista son los otros campos que se quedarán en papel mojado sin los 120 millones "recortados a las autonomías y municipios", argumenta Charo Marcos, portavoz de la organización feminista que presentó este miércoles en el Congreso un manifiesto para exigir "el dinero que falta". Una idea que también comparten desde el Instituto Asturiano de la Mujer. Su directora, Almudena Cueto, considera que uno de los puntos que se queda más cojo con el recorte presupuestario es la atención de las mujeres que viven en los núcleos rurales asturianos. "Tienen mayores dificultades para denunciar y para recibir formación sobre temas de violencia de género", sostiene Cueto. Pero no es el único aspecto que naufraga de un pacto de Estado aprobado hace sólo ocho meses.
Las partidas destinadas a los municipios y autonomías contemplan muchas tareas de sensibilización, formación y educación que no podrán llevarse a cabo. Los colegios e institutos no dispondrán de fondos para hacer talleres contra la violencia de género. Tampoco podrá incrementarse la formación de los profesionales médicos para detectar casos de maltrato en las consultas. Los centros asesores de la mujer (en Asturias hay 15 centros repartidos por toda la región) no podrán reforzar su atención psicológica o los servicios de asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género.
Los 80 millones de euros que sí aporta el Gobierno van a parar, en su mayoría, al ámbito judicial. En concreto, 43 millones se destinan al Ministerio del Interior para aumentar la protección de las víctimas (38 millones) y a la adecuación de espacios policiales donde son atendidas (3 millones). La asistencia jurídica gratuita recibe una partida de 4,2 millones de euros, las unidades de valoración forense 3,8 millones y los juzgados de violencia de género recibirán 12,2 millones.
Las pulseras para comprobar si se cumplen las medidas de alejamiento tienen que compartir un total de 13 millones de euros con las campañas destinadas a sensibilizar a la población y la creación de una plataforma online de formación a profesionales.
En el ámbito económico, el Ministerio de Empleo recibirá 12,2 millones para dividir entre la inserción de víctimas en el mercado laboral y la mejora de las pensiones de orfandad.
Los 11 millones restantes del pacto de Estado se dividen entre la asistencia a las víctimas de delitos violentos y la macroencuesta de género.
