Tal y como se percibió en Cadreita, no parece que la presión social sobre los cinco condenados vaya a disminuir. El boicot iniciado el viernes por los colectivos feministas sevillanos para instar a los comercios y establecimientos hosteleros a no servir a los miembros de "la Manada" alcanzó ayer aliento nacional. A través de las redes sociales, asociaciones y activistas de toda España difundieron carteles en los que se proclama a los comercios "Espacio seguro para las mujeres" y se constata la negativa de sus propietarios a "atender a violadores". Unos carteles que se distribuyeron con rapidez en numerosos bares de Sevilla, aunque no en el entorno de los barrios de Amate y Santa Aurelia, de donde son los cinco jóvenes.

Además de esta medida, los colectivos feministas también instan a los empresarios a no contratar a los condenados, aunque la situación no es tan sencilla. Según la actual legislación, los derechos laborales de los trabajadores quedan salvaguardados mientras no haya sentencia firme.

Tal y como precisó su abogado, sus contratos, especialmente en los fijos e indefinidos, quedan en suspenso mientras dure la prisión provisional, y pueden retomarlos tras salir en libertad. Aunque Prenda y Boza, miembros de la peña ultra Biris Norte, no tienen oficio conocido, Jesús Escudero trabaja en una peluquería, propiedad de un familiar, en el barrio de Triana. Las únicas excepciones son las del militar Alfonso Jesús Cabezuelo y del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que permanecerán suspendidos.

Aparte de hablar de un eventual retorno a sus ocupaciones profesionales, el abogado Agustín Martínez precisó que los encausados "cumplirán este lunes con lo establecido en el auto" de libertad provisional. Esto es: que se presentarán ante el juzgado de guardia de su residencia, comparecencia que deben repetir cada lunes, miércoles y viernes.

Los condenados tendrán que estar localizables en todo momento y tiene además la prohibición expresa de salir del territorio nacional sin autorización judicial, por lo que se les retirará el pasaporte en los próximos días. Los miembros de "la Manada" tienen además la prohibición expresa de entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, y de intentar ningún tipo de comunicación con la joven, que tiene en la actualidad veinte años.

Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se resuelvan los recursos de apelación presentados tanto por las defensas como por las acusaciones. La Sala de lo Civil y lo Pena del Tribunal Superior de Justicia de Navarra es la responsable de emitir fallo, aunque habrá que esperar al menos hasta el mes de septiembre para que se pronuncie. Una vez conocida la sentencia, las partes aún tendrá la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo.

Lo que puede tardar más es la sentencia del caso de Pozoblanco, en el que se juzga a cuatro de los miembros de "la Manada" -todos menos Ángel Boza- por un supuesto abuso sexual a una joven, que entonces tenía 21 años. La juez de del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco (Granada) ha pedido una prórroga para seguir practicando diligencias, al considerar la causa "compleja". La acusación se sustenta sobre un vídeo, distribuido sin permiso por los acusados, en los que se les ve realizando tocamientos en un coche a la víctima, que está inconsciente. Era mayo de 2016, apenas dos meses antes de los hechos de Sanfermines.