El inicio de la andadura parlamentaria de la ley de eutanasia enfrenta médicos y sacerdots con las organizaciones en defensa de una muerte digna.
El Congreso de los Diputados dio luz verde el martes, con la única oposición de PP, a la tramitación de la ley presentada en la Cámara Baja por el PSOE para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que hayan agotado las opciones de tratamiento y que, de forma voluntaria y con informes médicos que lo acrediten, decidan terminar con su vida.
El Colegio de Médicos asturiano está pendiente de una reunión, la próxima semana, para debatir su postura en torno a esta ley. Aunque su respuesta, de entrada, es la oposición. "El médico tiene que respetar siempre la vida del humano", explica su presidente, Alejandro Braña.
En contra de la eutanasia también se posiciona la Iglesia. "Nadie tiene derecho a producir la muerte de otro ser humano", argumenta Fernando Llenín, director del Instituto de Teología. Explica que la Iglesia sí defiende el derecho a morir con dignidad, "pero para eso ya está la medicina", apunta. Ante una cuestión tan delicada, le sorprende la rapidez de la tramitación de la ley.
El portavoz de la asociación "Derecho a vivir", Gádor Joya, cree que "abrir la puerta a la eutanasia" es cerrarla "a la inversión en cuidados paliativos". De aprobarse la eutanasia, "se convertirá en una salida fácil", apunta Joya.
Del otro lado, Luis Javier Rodríguez, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Asturias, celebra la decisión: "La idea es que todos podamos decidir vivir y morir con dignidad". Aunque la propuesta de los socialistas le parece acertada, no quiere que todos estas propuestas se queden en "papel mojado". Ve demasiados pasos a seguir en un corto período de tiempo que podrían suponer "un freno a la disposición del paciente".
Sin embargo, la redacción de esta ley está "profundamente trabajada a nivel técnico", en palabras de Sergio Gallego, presidente de la Comisión Asesora de Bioética del Principado. "Regula con mucha precaución todos los temas problemáticos que han causado problema en otros países", apunta Gallego. Se refiere a la representación a la hora de solicitar la eutanasia, que no tiene cabida en España. Es el propio paciente el que tiene que decidir. También se contempla el tema de la objeción de conciencia, tanto de profesionales como instituciones. Por otro lado, se evita el "turismo" sanitario como ocurre en Suiza, donde está permitida la eutanasia. En España, se exige la nacional para llevar a cabo estas prácticas.
La propuesta del PSOE es incluir la eutanasia en la cartera de servicios comunes el Sistema Nacional de Salud (SNS). Funcionaría de la siguiente manera: el propio paciente, mayor de edad y de nacionalidad española, tiene que solicitarla. Sólo se le otorgará si sufre una discapacidad "grave" o padece un sufrimiento físico y psíquico "intolerable, insoportable e irreversible". Además, esta situación tiene que ser diagnosticada por un médico, a quien le corresponde solicitar, en última instancia, la eutanasia. Una vez hecha la solicitud, deben pedir una segunda opinión y pasar las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas. Cada provincia tendrá la última palabra ya que dsipone de las competencias en materia de sanidad. Todo el proceso, desde que se pide hasta que se resuelve, no puede superar los 32 días.
La legislación que proponen los socialistas garantiza la protección del derecho fundamental a la vida pero no lo reconoce como un derecho absoluto, sino como algo que debe regularse en función de otros valores como la dignidad de la persona.
El Partido Popular, en cambio, critica que el derecho en el que se ampara el PSOE para defender la eutanasia "no aparece" en la Constitución, ni en ningún convenio internacional. "No hay nada más progresista que defender la vida", apuntó ayer el candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado.
