El Gobierno estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género. Una modificación que permitiría otorgarles el derecho a la asistencia jurídica gratuita prevista en la ley integral, una norma que incluye también labores de asesoramiento previo y de acompañamiento, según apunta Delgado.
El Gobierno estudia ya si es necesario reformar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y va a encargar a un grupo de expertas una relectura con perspectiva de género de la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Unas decisiones que responden a una situación es ya "insostenible", tal y como señaló ayer la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Otro de los puntos a tener en cuenta, según la ministra, es la necesidad de formación: "Me esforzaré en contribuir al cambio de estructuras mentales que todavía no ha entendido la dimensión de esta realidad con un insoportable goteo de muertes de mujeres y niños víctimas de la violencia de género y la insostenible victimización de las mujeres que se atreven a denunciar un ataque a su libertad sexual".
Para Delgado, no incorporar una perspectiva de género a la Justicia supondrá "continuar impartiendo una justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad". Justicia propondrá al centro de Estudios Jurídicos que coordine programas conjuntos en materia de género en la preparación de los juristas y apostará también por la formación de un grupo transversal que estudie los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI.
"Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad de los integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente", subrayó Delgado en referencia a las manifestaciones del pasado 8 de marzo tras la polémica sentencia de "la Manada".
