La propuesta de la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, de incorporar un lenguaje inclusivo en la Constitución es "una locura" a ojos de los lingüistas asturianos y una tarea ardua y "ridícula" para los juristas de la región.
El artículo número 9 del título preliminar de la Constitución comienza así: "Los ciudadanos y los poderes públicos..." De acuerdo a la propuesta del Gobierno de eliminar el lenguaje sexista el texto debería decir: "Los ciudadanos y ciudadanas...". Otra opción más corta: utilizar terminaciones en "e" para englobar los dos géneros. El artículo 9 comenzaría entonces con un "Les ciudadanes".
El Gobierno solicitó a la Real Academia Española un informe sobre el lenguaje inclusivo. La contestación de la RAE es sencilla para una de sus componentes, la asturiana Josefina Martínez: se está confundiendo género y sexo. Se explica con un ejemplo: "'radio' termina en 'o' y es femenino; no podemos considerar que la 'o' es siempre masculino y la 'a' femenino", señala. La incorporación de un género neutro terminado en "e" le parece una auténtica "locura".
"Utilizar las terminaciones en 'e' no es castellano; en todo caso eso ya sería revitalizar el bable", bromea el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida. Cree que la Carta Magna ya utiliza un lenguaje inclusivo. De nuevo un ejemplo: "No hace falta decir alumnes para referirse a ambos géneros, se dice el alumnado y ya está".
Otro de los argumentos lingüísticos contra esta reforma se centra en la economía del lenguaje, que se rompe con la propuesta del Gobierno. "El uso de niños y niñas no es agramatical pero es muy difícil de generalizar fuera de usos corteses, como señores y señoras; además, es imposible de llevar a la práctica", sostiene Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española.
Referéndum
A nivel jurídico, incluir un lenguaje inclusivo en la Constitución no es sencillo. "Es una norma reformable pero rígida con procedimientos complejos para modificarla", apunta Ramón Punset, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo. La posibilidad de tener que convocar un referéndum para su modificación es bastante probable, según Punset. Si se cambia cualquier letra de los artículos del 1 al 9 (Título Preliminar), del 15 al 29 (Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero) o del 56 al 65 (Título Segundo) se tendría que recurrir al procedimiento de reforma a través del artículo 168. Este método exige que se celebre un referéndum para consultar a la ciudadanía.
Punset ve esta reforma "poco seria" y fruto de una "política de postureo". Cree que reformar la Constitución entraña muchas dificultades y que debería hacerse por temas "más importantes".
Esquivar la vía del referéndum sería posible, según Bastida, si se considera que la reforma afecta sólo al enunciado y no el contenido de las leyes. Sin embargo, procura dejar clara su oposición: "El masculino ya es inclusivo y todo esto es innecesario y difícil de sostener a nivel jurídico".
