El presidente de la Comisión antipederastia fue acusado de encubrir a un pederasta

El presidente de la comisión que creará la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores, Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga (León), tuvo recientemente un caso de un sacerdote al que se impusieron sanciones por abusos que fueron muy criticadas por las víctimas.

El pasado 16 de septiembre, el Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ordenó la suspensión en su ministerio durante diez años al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de la diócesis de Astorga, acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).

Durante los diez años de suspensión, el sacerdote deberá residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga, y después podrá vivir en la Casa Sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa.

Los hechos fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones.

El obispo de Astorga recalcó entonces que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.

La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión.

Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos.

Fuentes del colectivo de víctimas de La Bañeza consultadas por Efe han criticado el nombramiento de Menéndez, al que acusan de encubrir lo sucedido y de negar las indemnizaciones solicitadas.