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Los clientes de prostitutas podrán ser encarcelados, según el proyecto de ley

La propuesta del Gobierno socialista, también con multas que pueden llegar a los 288.000 euros, divide al colectivo de feministas asturianas

Los clientes de prostitutas podrán ser encarcelados, según el proyecto de ley

El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez trabaja en un borrador para impulsar una ley encaminada a erradicar la prostitución que prevé sanciones contra los clientes. Unas penas que pueden ser incluso de cárcel en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad.

La medida genera división entre los colectivos feministas, que reconocen que la cuestión de la prostitución es, junto a la maternidad subrogada, el gran punto de fricción de sus reivindicaciones comunes. Entre los expertos hay dudas por la orientación de la propuesta, que se considera "abolicionista", siguiendo el modelo implantado hace dos décadas en Suecia.

Según adelanta el diario "El País", el borrador impulsado por el Gobierno central, titulado "Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual", supondría la modificación de media docena de leyes, incluyendo el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El borrador incluye multas de entre 12 y 24 meses para los clientes de prostitución, cuantificables entre 720 y 288.000 euros. En el caso de que la víctima sea menor, las sanciones se doblan y puede acarrear además una pena de hasta tres años de prisión.

La propuesta también incluye penas para los proxenetas, que incluyen prisión de uno a cuatro años, y para aquellas personas que, a sabiendas, faciliten inmuebles o vehículos para ejercer la prostitución. Además, las personas prostituidas pasarían a figurar, a todos los efectos, como víctimas de violencia de género, y se incorporaría a los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para indemnizarlas.

La propuesta ha sido recibida con cautela por parte de la Plataforma Feminista d'Asturies, que prefiere no pronunciarse al constatar que la naturaleza de la prostitución divide a los colectivos miembros. Pero desde la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, el respaldo a la pretensión de sancionar a los clientes de prostitución es total. "Es algo por lo que se lleva peleando mucho tiempo, porque si no hubiera clientes, no habría ese servicio", sostiene Jessica Castaño, portavoz de la asociación.

Frente al argumento de que una parte del colectivo de prostitutas lo hace por voluntad propia, Castaño aduce que es minoritaria frente al de mujeres que se ven forzadas a vender su cuerpo: "Vale que en muchos casos es algo que se elige, pero igual hablamos de un 20%, es una minoría. Tenemos que proteger a ese 80% que no lo hace porque quiere. Es un tema complejo, en el que se puede meter la pata, por lo que hay que actuar con cuidado. Pero se debe de castigar al cliente, y que no se trate de una simple sanción administrativa". Además, Castaño aplaude que se quiera dar a las mujeres obligadas a prostituirse la consideración de víctimas de violencia de género.

Frente a esta opinión, el sociólogo Arsenio Valbuena , autor de un estudio pionero sobre la evaluación de riesgos laborales en la prostitución, muestra un rechazo frontal a una propuesta que califica de "abolicionista" y que, a su juicio, no erradicará la prostitución, sino que la abocará a la clandestinidad. "Es de un oportunismo chabacano que este gobierno sisado intente colarnos una ley abolicionista. Que está en una fase muy germinal, que quede claro, pero que es una concesión a la galería feminista en la que se mezclan los derechos humanos de mayor raigambre con el estigma de la esclavitud, el feminismo radical y el puritanismo izquierdista más totalitario", asegura el sociólogo, quien reclama que se regule la prostitución para controlar el fenómeno y limitar la transmisión de enfermedades sexuales.

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