El juez Miguel Florit, que instruye la macrocausa contra el magnate de la noche Bartolomé Cursach, ordenó ayer a la Policía Nacional que requisara el teléfono móvil del periodista de "Diario de Mallorca" Kiko Mestre, así como la documentación que tuviera en las oficinas del rotativo. El propósito de la actuación es dar con la fuente que facilitó el informe redactado por la propia policía sobre las presuntas irregularidades económicas del empresario, informe que había sido publicado el pasado 6 de julio por el rotativo de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario.
Agentes de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones del diario pasadas las cuatro y media de la tarde, y se marcharon minutos después tras constatar la negativa de la dirección del periódico y del redactor Kiko Mestre a hacerles entrega de ningún tipo de material voluntariamente. Al despedirse, los efectivos advirtieron a los responsables del medio que volverían con una orden judicial. Unas horas antes tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, habían conseguido que Mestre les entregara su móvil profesional y personal en los juzgados, donde se encontraba trabajando por estar especializado en información judicial. Los agentes le convocaron en jefatura y después, por teléfono, le citaron en el juzgado, donde les entregó sin oposición el dispositivo tras ser advertido de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial apoyada además por la Fiscalía.
La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a Europa Press, que también se había hecho eco del informe policial obrante en una causa bajo secreto de sumario. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las tres y media de la tarde y la redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes. Los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa y, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por "Diario de Mallorca".
La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entrega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados". El juez deja claro que "se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".
Ninguno de los dos periodistas objeto de esta medida sin precedentes están investigados en la causa, ni siquiera han sido citados como testigos, solo han informado sobre ella.
La noticia publicada por "Diario de Mallorca" y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se asegura que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate Tolo Cursach supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria negó la existencia del fraude fiscal y el juez lo persigue ahora por presunto delito contable.
El empresario Bartomeu Cursach estuvo un año en prisión preventiva y ha sido condenado por tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras conseguir en cinco horas reunir una fianza de un millón de euros. En estos momentos, se le investiga al menos en tres causas judiciales, dos de ellas relacionadas con supuestos pagos a funcionarios y policías locales para beneficiar a sus negocios, avisarle de inspecciones y perseguir a la competencia. En las causas también se investiga a políticos que habrían sido pagados con prostitutas y drogas a cambio de favores empresariales al magnate del ocio nocturno.
La actuación del juez Florit ha merecido la reprobación de asociaciones y sindicatos de periodistas. "Diario de Mallorca" ha recibido el apoyo de la presidenta balear, Francina Armengol y de partidos como PSOE, Podemos, Cs y Més.
La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de ochenta medios de comunicación españoles, entre los que se encuentran la agencia Europa Press y Diario de Mallorca, mostró su más absoluto rechazo a los registros que han tenido lugar este martes en las sedes de ambos medios en Palma, y que se saldó con la incautación de documentación y material corporativo de la agencia y la negación del diario mallorquín a entregar ningún ordenador ni documentación.
La Asociación condena estos registros en un comunicado al entender que representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones. AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.
Varios agentes de la Policía Nacional, acompañados de una secretaria judicial, se personaron en la delegación de Europa Press en Baleares con una orden de registro para exigir toda la documentación y enseres corporativos en el marco de la operación Cursach, que investiga el origen de una filtración periodística que destapó en su día en primicia la agencia de noticias. Los agentes exigieron a la periodista que cubre dicho caso que entregase su móvil y toda la documentación sobre la macrocausa, en la que también se investiga un delito de descubrimiento de secretos.
La redactora se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le negaron contactar con los servicios jurídicos de la empresa, incurriendo así en un grave atropello contra los derechos constitucionales a la información y a la libertad de prensa, y al derecho de defensa.
Asimismo, agentes de la Policía Nacional se presentaron en las instalaciones de Diario de Mallorca con el propósito de requisar también el ordenador de trabajo y documentos del periodista que cubre la información sobre este caso. El periódico no hizo entrega de ningún material, amparándose en el secreto profesional y la libertad de información, por lo que los agentes decidieron marcharse.
A media mañana el Juzgado de Instrucción que instruye la causa a Cursach solicitó la comparecencia voluntaria al periodista de Diario de Mallorca que investiga este caso para, a continuación, requisarle su teléfono móvil.
