"Diario de Mallorca" presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la incautación del teléfono móvil personal y profesional de un redactor del diario, así como la entrada de agentes de la Policía Nacional en la redacción del rotativo, en Palma, para proceder a la intervención de material periodístico relativo al caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.
Editora Balear, empresa propietaria de la cabecera, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, interpondrá la querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.
La acción penal se presentará bajo la dirección letrada de Nicolás González Cuéllar, y coordinada por la directora general de Presidencia y del área jurídica de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, y va encaminada a defender el ejercicio libre de informar y la protección de las fuentes periodísticas.
La citada querella se presentará conjuntamente con la agencia Europa Press, a cuya delegación en Palma acudieron tres agentes de policía y una secretaria judicial el pasado martes y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.
La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.
Apoyo fiscal a la medida
La fiscal general del Estado, María José Segarra, defendió ayer la incautación de los teléfonos. Segarra ha asegurado que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas y ha dicho no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.
La fiscal ha recibido de manos de varias periodistas una carta firmada por más de 200 informadores que le reprochan haber avalado una "intromisión intolerable e inédita" en el derecho a la información. El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha explicado que advirtió de que requisar móviles y ordenadores podía ser "delicado" si afectaba al secreto profesional, pero le indicaron que Anticorrupción lo había estudiado "profundamente" y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba.
El abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, ha asegurado que la incautación podría provocar la nulidad de todo el sumario al quebrantarse derechos fundamentales.
