"Un ataque letal a la vida democrática"

"Diario de Mallorca" presentó ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) una querella contra el juez Miguel Florit. Se le acusa de los delitos de "prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción".

Según la querella, el auto emitido el martes por Florit, ordenando los registros de las sedes de "Diario de Mallorca", del mismo grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, y Europa Press y la requisa de material de trabajo de dos informadores, "constituye una arbitraria conculcación del secreto profesional del periodista, disparatada e insólita y que resulta increíble que haya podido ser dictada por un integrante de un Poder Judicial como el español, que ha de actuar en todo momento comprometido con el cumplimiento de la Constitución y de la ley, muy especialmente, con pleno respeto por las garantías esenciales que permiten reconocer un sistema legal como plenamente democrático, entre los cuales la libertad de prensa se encuentra en primera línea". También se dice de la inusual resolución que es "un ataque letal a una de las normas esenciales de la vida democrática".

Cuatro querellantes

La acción penal también va dirigida a "las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos". Los querellantes, acusadores particulares en su condición de perjudicados, son: Editora Balear, S. A., empresa editora de "Diario de Mallorca"; Europa Press Delegaciones, S. A. y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou. La querella está firmada por los letrados Nicolás González-Cuéllar y Javier Crespo Bonachera.

El pasado martes día 11, la Policía, por orden del juez Florit, requirió al periodista de "Diario de Mallorca" José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo. A continuación, dos agentes se desplazaron a la redacción del rotativo para la requisa de un ordenador, a lo cual se negó la directora del periódico. Previamente, una comisión judicial había acudido a la sede de Europa Press en Palma, donde, pese a la oposición de la periodista Blanca Pou, ésta "se vio obligada a facilitar su móvil, ordenadores y otro material de trabajo".

En la querella se califica el auto de Florit, que investiga bajo secreto un presunto delito de revelación de secretos en el seno del "caso Cursach", "como un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia", en referencia al derecho al secreto profesional del periodista. El documento recuerda la sólida jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) protegiendo el derecho de los periodistas a mantener en el anonimato sus fuentes y tacha de "groseramente antijurídica" la interlocutoria.

También se recalca un dato fundamental, y es que ambos periodistas "no son investigados, como expresamente se les advirtió" por parte de los agentes y de la comisión judicial que ejecutaba las diligencias.

El caso denunciado "es idéntico" a otro enjuiciado por el TEDH, en la sentencia Roemen y Schmidt, en relación con un registro dirigido a la búsqueda de material que permitiera descubrir el origen de una información periodística.

"El magistrado Florit ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas", recalcan los querellantes. La querella se ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia dada la condición de aforado del juez Miguel Florit.

En la querella se solicita que el TSJB ordene al Juzgado de instrucción número 12 de Palma y a la Policía judicial la "inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrives y documentación en papel) incautados".