La polémica decisión del juez Miguel Florit de incautar los teléfonos móviles a dos periodistas de Mallorca, para tratar de conocer la procedencia de una información periodística en el llamado "caso Cursach", tiene su origen en una denuncia de Bartolomé Cursach, el protagonista de la macrocausa por corrupción que lleva su nombre y que también instruye dicho magistrado. Pero ¿quién es Bartolomé Cursach? Un magnate mallorquín que ha amasado una millonaria fortuna a través del negocio del ocio.

Cursach es el empresario más importante de la isla en este sector, y su fortuna la ha conseguido, principalmente, a través de tres locales, ubicados dos de ellos en la ciudad de Palma y el tercero en Calvià: las discotecas Tito's, Megapark y BCM, respectivamente. En los últimos años también amplió su negocio a través de hoteles, un gimnasio -el más grande de Mallorca-, ahora cerrado por infracciones urbanísticas y promociones inmobiliarias en el extranjero.

Pero para conocer en profundidad el trasfondo del "caso Cursach" hay que referirse previamente a una investigación anterior, el llamado "caso corrupción policial", ya que ambas investigaciones están directamente relacionadas: hace unos cinco años el Juzgado de instrucción número 12 de Palma abrió una investigación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, sobre el amaño de unas oposiciones en la Policía Local de Palma.

Las preguntas del examen se filtraron a varios opositores y se hizo a través del ordenador del que era director general de Seguridad Ciudadana de Palma, Enrique Calvo, del PP. Las preguntas se facilitaron a una serie de policías que, según se supo más tarde, iban a ocupar puestos claves en la estructura policial. Estos policías habían sido elegidos, como se supo más tarde, por dos políticos de mucho peso en la capital de Mallorca, como era José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, y Álvaro Gijón, concejal del PP en el Ayuntamiento palmesano y diputado de este partido en el Parlamento balear. Tirando del hilo del caso del amaño de las oposiciones se descubrió una situación mucho más grave: policías locales de Palma estaban trabajando de porteros en varios locales de ocio, la mayoría de ellos pertenecientes a Cursach.

Pero al margen de este servicio privado de seguridad se descubrió también una trama de extorsión. Policías locales de Palma, pertenecientes a la unidad Patrulla Verde, se dedicaban presuntamente a extorsionar a pequeños empresarios del negocio del ocio. Les exigían dinero a cambio de evitar inspecciones, y si no aceptaban estas condiciones las visitas policiales eran constantes (hasta tres veces en una misma semana), siempre terminaban con sanciones económicas y, en definitiva, provocaban el cierre del negocio. Pero al mismo tiempo, casualmente, los mismos policías realizaban continuas inspecciones en los locales de ocio de la competencia al Grupo Cursach. Mientras que a los negocios del magnate les imponían un número mínimo de multas que, además, la mayoría se perdían por el camino y no se pagaban, los otros negocios de la competencia recibían, por la misma actividad, multitud de sanciones, que sí se tramitaban y se tenían que pagar.

La Policía consiguió la declaración de varios testigos de vital importancia, que después han sido objeto de una persecución, con palizas incluidas. Una de estas testigos es la conocida con el sobrenombre de "la madame". Era la responsable de un club de alterne que declaró que ella misma había organizado orgías sexuales en su prostíbulo para los políticos José María Rodríguez y Álvaro Gijón, encuentros que después supuestamente financiaba el empresario Cursach. También desveló que ella misma había acompañado a varias de las chicas que trabajaban en su local a la discoteca Tito's para que tuvieran relaciones sexuales gratuitas con policías locales de Palma, muchos de ellos ya identificados en la investigación por extorsionar a pequeños empresarios del negocio de la diversión.

El otro testigo protegido es un antiguo camarero de la discoteca Tito's, que también desveló la organización de estas orgías sexuales en el local, con la presencia de prácticamente los mismos policías que señaló la anterior testigo. También relató el sistema que se estaba utilizando en la discoteca para vender droga.

El 28 de febrero de 2017, la Policía detuvo a Cursach y a su principal ejecutivo, Bartolomé Sbert. A ambos se les acusó de unos veinte delitos. Cursach estuvo exactamente un año en prisión preventiva, salió con una fianza de un millón. El caso, troceado, está pendiente de juicio.