El Gobierno está planeando eliminar el delito de abusos y que los delitos sexuales pasen a considerarse únicamente como agresiones o violaciones. Todo contacto que no sea expresamente consentido por la mujer se considerará una agresión sexual. Las asociaciones feministas asturianas han aplaudido esta iniciativa porque urge "frenar el efecto mimético que están teniendo los hechos cometidos por 'la Manada', con nuevas agresiones en grupo a mujeres", según indicó Marina González Lada, presidenta de la asociación contra la violencia de género Maeve.
Para González Lada, la iniciativa del Gobierno "es lo que las organizaciones estábamos pidiendo desde hace tiempo, porque evitaría desafortunadas sentencias como las que han aparecido en los medios de comunicación". González resumió el espíritu que debe tener la reforma: "No es no, y si no es un sí, si no hay un consentimiento expreso, explícito e inequívoco, entonces se trata de una negativa". A la presidenta de Maeve le parece chocante que haya que explicar estas cosas aún hoy: "Cae por su propio peso cuando es un sí y cuando es un no". Lo que es evidente es que "el nivel de tolerancia hacia la violencia sexual ha disminuido bastante, como ha podido comprobarse con la reacción que hubo en la calle a la sentencia de 'la Manada'. Además, la reforma que plantea el Gobierno nos conecta en sinergia con otros países de nuestro entorno, como Francia y Alemania". La reforma contribuirá a que "el ámbito judicial esté más medido" y no se produzca el margen de interpretación que se ha producido en sentencias como la de los hechos ocurridos en los sanfermines.
Una vez eliminado el delito de abusos sexuales, la presidenta de Maeve cree que debe avanzarse en otro aspectos. "Las agresiones sexuales deben considerarse también como una modalidad de la violencia de género. Como en el caso de la violencia hacia la mujer, de las agresiones sexuales son víctimas las mujeres por el hecho de ser mujeres". No obstante, admitió que "no parece que de momento vaya a tener esa consideración".
Eva Irazu, integrante de la Plataforma Feminista, expresó una opinión más pesimista. "Sin una perspectiva de género judicial, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque, para no condenar a prisión a diestro y siniestro, que sería la consecuencia lógica de la reforma, empezarán a argüir que hubo consentimiento la mayoría de las veces". Irazu añade que no habría problema en que se mantuviese la distinción entre los delito de abusos, agresión sexual, abusos o acoso, siempre que no se cometiesen errores de valoración como en el caso de "la Manada". "Me sigue pareciendo una barbaridad que se consideren violación sólo aquellos casos en los que se produce una penetración", expresó.
Esta feminista también reflexionó sobre la cuestión del castigo a este tipo de delitos. "No defiendo la impunidad, pero la pena de prisión de forma invariable puede resultar excesiva. La cuestión es que se culpa y se castiga a los individuos en vez de afrontar que estamos ante un problema estructural que requiere de otro tipo de medidas, unas medidas que incidan en la sociedad", indicó. Desde la Plataforma Feminista defienden "la formación, la educación, también medidas punitivas, pero teniendo en cuenta que no son la solución a cualquier delito y a cualquier caso. Es todo mucho más complejo", asegura. Como revertir un sistema paternalista enraizado durante siglos.
