Las actuaciones contra la violencia sexual deben efectuarse de principio a fin. El cometido de los agentes sociales se basa no solo en la prevención, sino también en proteger a la víctima y dotarla de seguridad en su día a día. El Instituto Asturiano de la Mujer cuenta con el Protocolo Contra la Violencia Sexual del Principado de Asturias como documento vertebrador de todas las medidas que se deben tomar en las diferentes fases por las que pasa una mujer víctima de violencia sexual.

Las estrategias que propone el documento se basan en promover las normas sociales que protegen contra la violencia, enseñar habilidades para prevenirla; proporcionar oportunidades, tanto económicas como sociales, para empoderar y apoyar a las niñas y mujeres; así como crear ambientes protectores y apoyar a las víctimas/supervivientes para disminuir los daños. El compromiso, la cooperación y el liderazgo de numerosos sectores, incluidos la salud pública, educación, justicia, servicios sociales, mundo laboral y el gobierno pueden lograr la implementación exitosa de este conjunto de iniciativas. Al fin y al cabo, se trata de coordinar esfuerzos para acabar con esta lacra social.

Las primeras actuaciones se centran en que las víctimas reconozcan que lo son. El protocolo indica que existen estudios que desvelan que solo un 33 por ciento de las víctimas de abuso sexuales se reconocen a sí mismas como tales. Este dato contrasta con que el 82 por ciento de estas mujeres manifiestan que estas experiencias les han cambiado para siempre. Por ello, urge cambiar esta situación de silencio y ocultación.

El cambio cultural es imprescindible para frenar esta lacra social. Y es que los estereotipos y los diferentes roles de género influyen en que se den estas situaciones de violencia sexual. Así, el protocolo incide en que deben programarse campañas de divulgación dirigidas a diferentes niveles educativos bajo el lema “Solamente sí es sí”, que está íntimamente ligado con el consentimiento en las relaciones sexuales. Este mensaje también tiene que calar en las mujeres adultas. El cambio cultural también debe efectuarse con intervenciones basadas en la movilización de testigos o terceras personas que, aunque no son víctimas, sí que presencian actos que pueden conducir al abuso. En este punto cobra especial importancia la implicación de toda la sociedad. El protocolo también establece otra medida preventiva en este sentido, como realizar campañas en el marco laboral centradas en el desequilibrio de poder que facilita el abuso sexual masculino y que pone a las mujeres en desigualdad de condiciones laborales.

Los niños y hombres también tienen un papel importante en esta lucha. Deben convertirse en aliados de las mujeres en la prevención de la violencia sexual. Otras de las medidas que concreta el Protocolo se basan en la capacitación basada en el empoderamiento de las mujeres para evitar la victimización, en la promoción de habilidades para prevenir la violencia sexual, el hecho de crear ambientes protectores, realizar convenios con las asociaciones que tienen ya contactos con distintos sectores sociales, así como campañas institucionales contra la violencia sexual en los medios de comunicación.

Las víctimas supervivientes de la violencia sexual necesitan apoyo legal y sanitario, así como lugares y direcciones coordinadas y confidenciales que atiendan sus necesidades. En este sentido, el Protocolo establece los objetivos que debe lograr la Administración del Principado. Estos objetivos se basan en difundir la existencia de lugares y personas a las que pedir apoyo, fomentar el conocimiento interno de los programas y servicios de atención ante los abusos sexuales, crear un programa de coordinación de respuesta institucional ante estos casos, establecer un sistema de formación continua sobre la violencia sexual, entre otros cometidos. En este sentido, el Protocolo incide en que se deben coordinar las instituciones y asociaciones que atienden a la violencia de género y a colectivos específicos de víctimas de trata, prostitución y exclusión social, el colectivo LGTB+ y asociaciones de atención a la discapacidad. El Principado cuenta con programas de asistencia tanto en centros públicos de atención en salud mental como en asociaciones como CAVASYM, ADHOC o APRAMP.

En definitiva, la implicación de los diferentes agentes sociales del Principado de Asturias es crucial para erradicar esta lacra social.