El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores hasta que la víctima cumpla 30 años.
Con la nueva ley, los delitos prescribirán a los 10 o 20 años pero a partir de la que víctima haya cumplido la treintena. Hasta ahora el plazo de prescripción empezaba a correr a partir de los 18 años.
Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última comparecencia del año tras la reunión del Consejo de Ministros. "Es un anteproyecto que incorpora la edad con un agravante genérica, se amplía el tiempo de prescripción de los delitos más graves, se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios" de los condenados por este tipo de delitos sexuales contra los menores, destacó Sánchez. El presidente del Gobierno resaltó que el anteproyecto "crea nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de comunicación".
La norma, que modifica 11 leyes, incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos, los castigos físicos o el trato negligente y pretende convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. El texto aprobado incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de internet incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
Los centros escolares contarán con protocolos para la prevención, detección y actuación ante casos de violencia, así como con un coordinador de bienestar y protección encargado de vigilar la correcta aplicación de los mismos. También se desarrollarán protocolos en los ámbitos sanitarios, deportivos y de ocio. Del mismo modo, se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente. Y si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.
En el ámbito de Justicia, se incorporan medidas de carácter penal, procesal y penitenciario para garantizar tanto la protección de los menores como dotar de una mayor firmeza a la respuesta ante situaciones de violencia.
