El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido que la Asociación de Medios de Información (AMI) se persone como acusación popular en el proceso contra el juez Miguel Florit por su auto en el que ordenaba la incautación de los móviles y ordenadores de dos periodistas de "Diario de Mallorca" -del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA- y de "Europa Press", en el marco de una investigación sobre corrupción vinculada al ocio nocturno en Baleares. Florit incautó los móviles a los periodistas buscando conocer el nombre de sus fuentes, pese a que ellos no estaban siendo investigados. Los medios interpusieron una querella contra el juez por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
