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Angustia en los pacientes de cáncer por el retraso en autorizar nuevas terapias

Una gijonesa tuvo que interrumpir el tratamiento al dejar de fabricarse su medicamento y no estar aprobada la alternativa | Algunas decisiones de la comisión autonómica que da luz verde a los tratamientos irritan a los médicos

Angustia en los pacientes de cáncer por el retraso en autorizar nuevas terapias

La gijonesa María Jesús S. sufre un melanoma (cáncer de piel). El martes de la semana pasada se dirigió a su farmacia habitual para recoger el medicamento que le prescribieron para reducir el riesgo de reaparición de su tumor. Sin embargo, se encontró con que la botica ya no disponía de esa presentación del fármaco "Intron A". El laboratorio que lo comercializaba dejó de fabricarse el pasado 31 de diciembre.

Al día siguiente, la paciente acudió al servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Cabueñes para solicitar información y soluciones. Tuvieron que buscarle una alternativa, que empezó a aplicarse ayer mismo, después de varios días de incertidumbre y zozobras.

Es una alternativa entre comillas. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Intron A ya ha sido descartado por la mayor parte de los especialistas en cáncer de piel, por su escasa eficacia y sus notables efectos secundarios. Continúa siendo fabricado en un formato con dosis menores, que es la alternativa que los médicos de Cabueñes han dado a la mujer para los próximos meses. Pero no es fácil buscarle una solución solvente. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Intron A carece de alternativa. En realidad, sí tiene alternativa, pero aún no ha sido autorizada en España. El Intron A tiene como principio activo el interferón, un tipo de inmunoterapia. Para el cáncer de piel se administraba a dosis altas con el fin de estimular al sistema inmune para que destruya las células del melanoma. Objetivo: evitar que el cáncer regrese después de la cirugía a la que fue sometida María Jesús S.

"El tratamiento para esta paciente era correcto", explicó a este periódico un especialista ajeno al caso, quien añade que, en ocasiones, los laboratorios dejan de fabricar medicamentos sin previo aviso. El interferón es el único tratamiento autorizado en España con esta indicación para el melanoma. Incluso parece seguir aportando beneficios en ciertos casos. Sin embargo, la compañía que lo suministraba decidió poner fin a la producción.

La delegación española de la empresa estadounidense que distribuía el producto confirmó a este periódico que han dejado de fabricar el Intron A en tres de las cuatro versiones de aplicación con pluma (un dosificador precargado y desechable) que hasta el año pasado estaban disponibles.

La versión que habían recetado a la paciente gijonesa era la más potente (con cada pluma podían darse tres dosis) y la que se mantiene en el mercado es la menos agresiva. "El fabricante ha decidido que este medicamento concreto no debe estar ya a la venta, pero no nos han dado demasiadas explicaciones", señalaron desde la empresa. "De todas formas, al mantenerse una de las versiones, que utiliza el mismo principio activo, lo más seguro es que no tenga nada que ver con la calidad o efectividad del medicamento en sí", añadieron.

La alternativa al Intron A es un nuevo fármaco -o asociación de fármacos- de la familia de la inmunoterapia, modalidad terapéutica que más terreno ha ganado en los últimos años para el tratamiento de diversos tipos de tumores. Existen dos alternativas ensayadas y con resultados positivos. El problema es que aún no han sido aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), debido a que el Ministerio de Sanidad no le ha fijado el precio al que pueden adquirirlo las comunidades autónomas.

Los fármacos de inmunoterapia están en la palestra debido a su efectividad y buena tolerancia. Lo malo: su elevado precio. Este último factor es común a todos los medicamentos nuevos, pero en este caso puede adquirir una mayor preponderancia por tratarse de una enfermedad tan apremiante como el cáncer. El Ministerio ha puesto en marcha un mecanismo que facilite la financiación pública de estos tratamientos.

Debido a que, en el caso de las nuevas terapias para prevenir la recaída de los melanomas, aún están pendientes la autorización ministerial, la aplicación de estos fármacos ha sido denegada a un pequeño grupo de pacientes asturianos para los que sus oncólogos los habían solicitado. La decisión de denegarlos fue adoptada por la Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP), un órgano de ámbito autonómico integrado por médicos asturianos y que actúa como consultor de las direcciones de hospitales. Su negativa se basa en lo dicho: que aún no han sido aprobados por el Ministerio.

"Yo estaba muy nerviosa, porque al ver que me iba a perder dos dosis no sabía qué podía pasarme. En el hospital me dicen que hasta que no se apruebe la otra alternativa podré hacer uso del Intron A que tienen en la farmacia de Cabueñes. No es lo mismo, pero sí es una solución", reconoce la paciente.

En realidad, incluso a falta de esta aprobación, la CURMP tiene la potestad de aprobar la aplicación de un tratamiento para casos concretos, cuando son debidamente justificados por los médicos que los solicitan. Especialmente, como en este caso, cuando el paciente no dispone de otra alternativa terapéutica al haberse retirado el Intron A.

¿Y qué pasará si la Agencia Española de Medicamentos aprueba estos tratamientos? Que la comisión de expertos de Asturias -al igual que las de cualquier otra comunidad autónoma- podrá decir sí o no en función de si considera que la indicación del médico es correcta para ese paciente en concreto.

En ocasiones, los médicos solicitantes ven claro el potencial beneficio, y la CURMP, no. Estas discrepancias pueden provocar enfados -y de hecho los provocan-, frustración e impotencia en los médicos y sus pacientes, que entienden que los integrantes de la CURMP no son suficientemente sensibles o actúan con arreglo a determinados sesgos ajenos al paciente concreto, a quien ni siquiera conocen, con las limitaciones que esto supone para su toma de decisiones.

Decisiones que no son fáciles. La gran cuestión radica en si resulta razonable que la sanidad pública invierta una determinada cuantía, que suele ser muy elevada, en un nuevo tratamiento cuyo beneficio puede ser relativamente pequeño. O en si está justificado un gasto elevado en un paciente con un cáncer muy avanzado, en su fase final, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, o simplemente de darle un hilo de esperanza adicional.

Otro elemento de distorsión: existe una Comisión de Uso Racional de Medicamentos en cada comunidad autónoma, y sus dictámenes son a veces dispares. En consecuencia, sucede a veces que un fármaco se da a un paciente gallego o cántabro y se deniega a un asturiano. Este tipo de situaciones irrita a los enfermos y a sus familias por la tremenda subjetividad de las decisiones y la inequidad. De hecho, la hipotética equidad que se predica para el conjunto del Sistema Nacional de Salud se convierte en papel mojado.

Además del referido a la mujer gijonesa, en Asturias ha habido otro caso que sirve para ilustrar esta problemática y para evidenciar que nada de esto es sencillo. La luarquesa Margarita Álvarez, de 54 años, padecía un cáncer de colon. Luchó contra el sistema durante meses para conseguir una tercera línea de tratamiento (ya había recibido dos quimioterapias, 44 sesiones en total) que pudiera prolongar su vida. Con el apoyo de sus oncólogos, a principios del pasado mes de diciembre, tras más de tres meses de espera, consiguió que la sanidad pública autorizase para ella un fármaco que podría al menos alargarle la vida. Se trataba de un medicamento para el que la CURMP había emitido un informe desfavorable. Finalmente, se le aplicó en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Consejería de Sanidad subrayó que las decisiones para estos casos son estrictamente "clínicas". Pero, claro, tan clínicos son los integrantes de la comisión como los médicos que reclaman esas terapias. Finalmente, y pese a recibir el fármaco, la mujer falleció el pasado día 12.

Todo lo dicho pone de relieve que los mecanismos de autorización de nuevos medicamentos están llamados a poner a prueba la viabilidad y la equidad de la sanidad pública española. Y la capacidad psicológica de los potenciales beneficiarios.

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