La ley trans, el proyecto de ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y de género que promueve el Ejecutivo asturiano, elimina la obligatoriedad de especificar el sexo en la documentación administrativa. Las personas transgénero podrán solicitar acreditaciones de su identidad de género al Principado y la referencia al sexo en el papeleo burocrático será voluntaria. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, presentó ayer ante la Junta General del Principado las líneas maestras de la futura normativa por la igualdad efectiva de las personas transgénero. La coordinadora de Xega (Asociación asturiana de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), Yosune Álvarez, destacó, entre todas las medidas, las que garantizan la atención médica y la salud de las personas transgénero y las orientadas a agilizar los cambios registrales.
La futura ley también garantizará que las personas transgénero concurran en igualdad de condiciones que el resto de la población a los procesos de adopción o de acogimiento de menores y la no discriminación en el acceso al salario social, de modo que no se tendrá en cuenta en sus solicitudes el tiempo que hayan pasado en tratamiento médico o para evitar situaciones de maltrato fuera de la comunidad. La batería de medidas del proyecto de ley incluye, en el caso de las personas mayores transgénero, el derecho al acogimiento en centros residenciales.
La ley, en cuya redacción han colaborado Xega y los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos, se atendrá al principio del respeto a la "autodeterminación de género" y establece que los organismos e instituciones públicos deberán eliminar "de sus archivos, en la medida de lo posible, las referencias a la identidad anterior de la persona". La coordinadora de Xega entiende que la ley favorecerá que el cambio registral de los transgénero, que ahora tarda dos años en completarse, se realice de un modo "más rápido y menos traumático".
La futura normativa establece por ley la prestación de los servicios médicos que se ofrecen desde el año 2007 en la Unidad de tratamiento de identidad de género del Hospital San Agustín de Avilés, además de garantizar el acompañamiento y el apoyo psicológico tanto a las personas transexuales como a sus familias.
La futura normativa incorpora un régimen sancionador, con multas que irán de los 200 a los 45.000 euros por conductas discriminatorias, desde las expresiones vejatorias hasta las agresiones.
De salir adelante en marzo el proyecto de ley del Principado, como espera Xega, Asturias se convertirá en la novena comunidad autónoma española en contar con una ley trans.
