Alrededor de la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana surgieron los bateyes, poblados de barracones, sin saneamiento ni servicios básicos en los que se alojaban los haitianos que cruzaban la frontera para trabajar en ella. Después llegaron sus esposas y luego los hijos, así hasta cuatro generaciones. Hace unos años una ley del Gobierno dejó a los dominicanos de ascendientes haitianos sin nacionalidad y sin derechos; a pesar de la moratoria que abrió después para que regularizaran su situación, en la práctica pocos pueden hacerlo, por el coste económico y por las dificultades de reunir la documentación que se les exige.
En ese limbo jurídico, las mujeres quedaron especialmente expuestas, en tierra de nadie y con mayor vulnerabilidad ante el maltrato y el abuso sexual por las dificultades para denunciar. Carmen Cris De Aza Mejía y Rosaura Pérez trabajan desde el Instituto de Acción Comunitaria, Idac, en la erradicación de la violencia de género en San Pedro de Macorís, una provincia con cuatro bateyes, y lo hacen gracias a la financiación del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón.
La República Dominicana y España son difíciles de comparar. La primera transita ahora por un camino que España recorrió hace veinte años, según las activistas del Idac. Pero Rosaura Pérez afirma que "las mujeres tenemos los mismos problemas en todo el mundo. Aquí tienen más infraestructura, pero el discurso es el mismo". "Ser mujer es difícil en cualquier parte del mundo, porque el control que se ejerce sobre nosotras es muy sutil", añade su compañera.
Gracias a las ayudas que llegan de Asturias y en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Idac ha tejido una red de promotoras de Igualdad, salidas de las mismas comunidades con las que trabajan, para acompañar a las víctimas de violencia de género y ayudarlas a defender sus derechos y mejorar su situación. El programa arrancó en el año 2016 y a día de hoy ya cuenta con veinticinco promotoras, hijas de las primeras mujeres con las que el Idac colaboró en sus inicios en el trabajo comunitario en los bateyes, en el año 1983.
Este último 8 de marzo el movimiento feminista dominicano, aunando la fuerza del Foro Feminista y la Marcha Verde contra la corrupción, consiguió que las empleadas de la Administración pública secundasen un paro de una hora. "Nos da mucho ánimo lo que pasó aquí. Allá todavía tenemos que sacar más mujeres a la calle", explican.
Hoy, a las 18.00 horas en el Museo Barjola de Gijón, las dos trabajadoras dominicanas por la igualdad de género mantendrán un coloquio público con miembros de la Plataforma Feminista de Asturias y el 8M Asturias, que se presenta bajo el título "Con rostro de mujer: derechos humanos de las mujeres en República Dominicana y Asturias".
De Aza, profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Pérez, arquitecta y técnica en formulación de proyectos de cooperación, refieren que las mujeres de los bateyes lo tienen más difícil que el resto de las dominicanas, que ya es decir mucho. Tras la fachada turística del país se esconde una realidad más dura. Dicen que cada vez hay más niñas en el mercado de la prostitución, que la violación de una menor no está penada si el criminal lleva a la niña a vivir con él, hablan de un elevado índice de adolescentes casadas con hombres mayores y afirman que es el segundo país de la América Latina en embarazos de adolescentes, solo superado por Honduras. "La feminidad es tratada como una categoría menor, por debajo de la hegemonía masculina", afirma Carmen Cris De Aza.
