El debate sobre la despenalizavión de la eutanasia rebrota en España, en puertas de la campaña electoral, tras la detención, ayer en Madrid, de Ángel Hernández por suministrar una sustancia para ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, de 61 años, en fase terminal de esclerosis múltiple. El matrimonio grabó dos vídeos, el martes y el miércoles, en los que ella expresaba su consentimiento y la petición de que su marido la ayudara a morir. En estos vídeos, él le dice: "Me lo has pedido muchas veces, muchas veces, más de las necesarias, pero, claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto...". Y ella responde: "Adelante". El debate político sobre la regulación la eutanasia quedó paralizado por el anticipo electoral. Hernández quedó en libertad por la noche, tras declarar en el juzgado.
Carrasco fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 1989 y tenía una discapacidad del 81 por ciento. Había expresado a su marido "muchas veces" su deseo de morir. El miércoles lo logró. Ángel Hernández, que hace 23 años evitó el suicidio de su mujer, también ha escrito una carta en la que relata el sufrimiento de Carrasco. En la misiva, se dirige a los "negacionistas" de la eutanasia para pedirles que sean conscientes "del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud". Pide a los legisladores que evolucionen hacia posiciones menos contrarias a la eutanasia para evitar que quien lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que ellos. "Los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida", escribe. También afirma que los cuidados paliativos "no son una alternativa a la eutanasia, los dos deben coexistir, y por libre elección decidir por uno de ellos". "Somos defensores de que la eutanasia sea considerada como un derecho de libre elección de toda persona que arrastre una enfermedad irreversible en la que le produzca una existencia de dependencia y sufrimiento que no desea", añade.
El Código Penal regula la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave. Desde la muerte de Ramón Sampedro hace 21 años, en varias ocasiones el debate de la eutanasia ha saltado a la palestra, como tras la condena en 2016, a dos años de prisión, al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse.
Velasco pide a los partidos que en la próxima legislatura despenalicen de forma urgente esta práctica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que "la muerte sea tan digna como la vida". Un anuncio que ha reiterado la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo. "La muerte siempre es un proceso doloroso y emocionalmente muy difícil. Pero cuando cabe evitar los sufrimientos prolongados de un ser humano que, libre y conscientemente, desea acabar con esa situación, tenemos el deber ético como sociedad de reconocer ese derecho", indicó Carcedo en un tuit.
Pablo Fernández, director médico del HUCA y miembro del Comité Nacional de Bioética, considera que "lo previsible es que cuando se recobre la estabilidad política se reanude el proceso" para regular estos procesos. Y añadió: "Hay que establecer unas garantías de la voluntad de quien lo solicita, eso es lo más complejo técnica y jurídicamente, lo otro es una decisión política".
Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que opina a título personal, considera que "éste es un caso de libro. Yo supongo que el hombre se irá a su casa, no hay razón para que haya una prisión preventiva. No debería ser un delito, no es una conducta que deba a ser reprochada, al contrario". Sobre la futura regulación, indica que "lo que se había propuesto en España era hacer una norma como la de Bélgica: te ayuda el personal médico o te dan los medios. En Suiza te ofertan la medicación, eres tú o alguien de tu entorno quien la aplica. Bélgica y Holanda entienden que es un protocolo médico y que debe ser aplicado por el médico". Presno opina que "sería bueno que se hablase de la eutanasia en la campaña electoral, y que se viera la postura de cada partido".
Marcelo Palacios, de la Sociedad Internacional de Bioética, y autor del libro "Soy mi dignidad. Eutanasia y suicidio asistido", opina que "la sociedad está suficientemente madura para abordar estas cuestiones, con sosiego y tranquilidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona". Añade que el caso de María José Carrasco es similar al del pescador gallego Ramón Sampedro, "que fue un suicidio asistido, se fue a la búsqueda y captura de quien le ayudó. Pero si en aquella situación de Sampedro no se fue a buscar la culpabilidad, tampoco ahora".
